馃煟Constituci贸n Nacional 1992馃數

El pueblo paraguayo, por medio de sus leg铆timos representantes reunidos en Convenci贸n Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberan铆a e independencia nacionales, e integrado a la comunidad internacional, SANCIONA Y PROMULGA esta Constituci贸n.

Asunci贸n, 20 de junio de 1992

Art铆culo 1 – DE LA FORMA DEL ESTADO Y DE GOBIERNO

La Rep煤blica del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la forma que se establecen esta Constituci贸n y las leyes.

La Rep煤blica del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana.

Art铆culo 2 – DE LA SOBERAN脥A

En la Rep煤blica del Paraguay y la soberan铆a reside en el pueblo, que la ejerce, conforme con lo dispuesto en esta Constituci贸n.

Art铆culo 3 – DEL PODER P脷BLICO

El pueblo ejerce el Poder P煤blico por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separaci贸n, equilibrio, coordinaci贸n y rec铆proco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder P煤blico.

La dictadura est谩 fuera de ley.

CAP脥TULO I – DE LA VIDA Y DEL AMBIENTE

SECCI脫N I – DE LA VIDA

Art铆culo 4 – DEL DERECHO A LA VIDA

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protecci贸n, en general, desde la concepci贸n. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona ser谩 protegida por el Estado en su integridad f铆sica y ps铆quica, as铆 como en su honor y en su reputaci贸n. La ley reglamentar谩 la liberta de las personas para disponer de su propio cuerpo, s贸lo con fines cient铆ficos o m茅dicos.

Art铆culo 5 – DE LA TORTURA Y DE OTROS DELITOS

Nadie ser谩 sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El genocidio y la tortura, as铆 como la desaparici贸n forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones pol铆ticas son imprescriptibles.

Art铆culo 6 – DE LA CALIDAD DE VIDA

La calidad de vida ser谩 promovida por el Estado mediante planes y pol铆ticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad.

El Estado tambi茅n fomentar谩 la investigaci贸n sobre los factores de poblaci贸n y sus v铆nculos con el desarrollo econ贸mico social, con la preservaci贸n del ambiente y con la calidad de vida de los habitantes.

SECCI脫N II – DEL AMBIENTE

Art铆culo 7 – DEL DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE

Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecol贸gicamente equilibrado.

Constituyen objetivos prioritarios de inter茅s social la preservaci贸n, la conservaci贸n, la recomposici贸n y el mejoramiento del ambiente, as铆 como su conciliaci贸n con el desarrollo humano integral. Estos prop贸sitos orientar谩n la legislaci贸n y la pol铆tica gubernamental pertinente.

Art铆culo 8 – DE LA PROTECCI脫N AMBIENTAL

Las actividades susceptibles de producir alteraci贸n ambiental ser谩n reguladas por la ley. Asimismo, 茅sta podr谩 restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas.

Se proh铆be la fabricaci贸n, el montaje, la importaci贸n, la comercializaci贸n, la posesi贸n o el uso de armas nucleares, qu铆micas y biol贸gicas, as铆 como la introducci贸n al pa铆s de residuos t贸xicos. La ley podr谩 extender 茅sta prohibici贸n a otros elementos peligrosos; asimismo, regular谩 el tr谩fico de recursos gen茅ticos y de su tecnolog铆a, precautelando los intereses nacionales.

El delito ecol贸gico ser谩 definido y sancionado por la ley. Todo da帽o al ambiente importar谩 la obligaci贸n de recomponer e indemnizar.

CAP脥TULO II – DE LA LIBERTAD

Art铆culo 9 – DE LA LIBERTAD Y DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

 Toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad.

Nadie est谩 obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no proh铆be.

Art铆culo 10 – DE LA PROSCRIPCI脫N DE LA ESCLAVITUD Y OTRAS SERVIDUMBRES

Est谩n proscritas la esclavitud, las servidumbres personales y la trata de personas. La ley podr谩 establecer cargas sociales en favor del Estado.

Art铆culo 11 – DE LA PRIVACI脫N DE LA LIBERTAD

Nadie ser谩 privado de su libertad f铆sica o procesado, sino mediando las causas y en las condiciones fijadas por esta Constituci贸n y las leyes.

Art铆culo 12 – DE LA DETENCI脫N Y DEL ARRESTO

Nadie ser谩 detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisi贸n de delito que mereciese pena corporal. Toda persona detenida tiene derecho a:

  1. que se le informe, en el momento del hecho, de la causa que lo motiva, de su derecho a guardar silencio y a ser asistida por un defensor de su confianza. En el acto de la detenci贸n, la autoridad est谩 obligada a exhibir la orden escrita que la dispuso;
  2. que la detenci贸n sea inmediatamente comunicada a sus familiares o personas que el detenido indique;
  3. que se le mantenga en libre comunicaci贸n, salvo que, excepcionalmente, se halle establecida en su incomunicaci贸n por mandato judicial competente, la incomunicaci贸n no regir谩 respecto a su defensor, y en ning煤n caso podr谩 exceder del t茅rmino que prescribe la ley;
  4. que disponga de un int茅rprete, si fuere necesario, y a
  5. que sea puesta, en un plazo no mayor de veinticuatro horas, a disposici贸n del magistrado judicial competente, para que 茅ste disponga cuanto corresponda en derecho.

Art铆culo 13 – DE LA NO PRIVACI脫N DE LIBERTAD POR DEUDAS

No se admite la privaci贸n de la libertad por deuda, salvo mandato de autoridad judicial competente dictado por incumplimiento de deberes alimentarios o como sustituci贸n de multas o fianzas judiciales.

Art铆culo 14 – DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY

Ninguna ley tendr谩 efecto retroactivo, salvo que sea m谩s favorable al encausado o al condenado.

Art铆culo 15 – DE LA PROHIBICI脫N DE HACERSE JUSTICIA POR SI MISMO

Nadie podr谩 hacerse justicia por s铆 mismo ni reclamar sus derecho con violencia. Pero, se garantiza la leg铆tima defensa.

Art铆culo 16 – DE LA DEFENSA EN JUICIO

La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales.

Art铆culo 17 – DE LOS DERECHOS PROCESALES

En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanci贸n, toda persona tiene derecho a:

  1. que sea presumida su inocencia;
  2. que se le juzgue en juicio p煤blico, salvo los casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos;
  3. que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales;
  4. que no se le juzgue m谩s de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisi贸n favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal;
  5. que se defienda por s铆 misma o sea asistida por defensores de su elecci贸n;
  6. que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de medios econ贸micos para solventarlo;
  7. la comunicaci贸n previa y detallada de la imputaci贸n, as铆 como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparaci贸n de su defensa en libre comunicaci贸n;
  8. que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas;
  9. que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violaci贸n de las normas jur铆dicas;
  10. el acceso, por s铆 o por intermedio de su defensor, a las actuaciones procesales, las cuales en ning煤n caso podr谩n ser secretas para ellos. El sumario no se prolongar谩 m谩s all谩 del plazo establecido por la ley, y a
  11. la indemnizaci贸n por el Estado en caso de condena por error judicial.

Art铆culo 18 – DE LAS RESTRICCIONES DE LA DECLARACI脫N

Nadie puede ser obligado a declarar contra s铆 mismo, contra su c贸nyuge o contra la persona con quien est谩 unida ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad inclusive.

Los actos il铆citos o la deshonra de los imputados no afectan a sus parientes o allegados.

Art铆culo 19 – DE LA PRISI脫N PREVENTIVA

La prisi贸n preventiva solo ser谩 dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. En ning煤n caso la misma se prolongar谩 por un tiempo mayor al de la pena m铆nima establecida para igual delito, de acuerdo con la calificaci贸n del hecho efectuada en el auto respectivo.

Art铆culo 20 – DEL OBJETO DE LAS PENAS

Las penas privativas de libertad tendr谩n por objeto la readaptaci贸n de los condenados y la protecci贸n de la sociedad.

Quedan proscritas la pena de confiscaci贸n de bienes y la de destierro.

Art铆culo 21 – DE LA RECLUSI脫N DE LAS PERSONAS

Las personas privadas de su libertad ser谩n recluidas en establecimientos adecuados, evitando la promiscuidad de sexos. Los menores no ser谩n recluidos con personas mayores de edad.

La reclusi贸n de personas detenidas se har谩 en lugares diferentes a los destinados para los que purguen condena.

Art铆culo 22 – DE LA PUBLICACI脫N SOBRE PROCESOS

La publicaci贸n sobre procesos judiciales en curso debe realizarse sin prejuzgamiento.

El procesado no deber谩 ser presentado como culpable antes de la sentencia ejecutoriada.

Art铆culo 23 – DE LA PRUEBA DE LA VERDAD

La prueba de la verdad y de la notoriedad no ser谩n admisibles en los procesos que se promoviesen con motivo de publicaciones de cualquier car谩cter que afecten al honor, a la reputaci贸n o a la dignidad de las personas, y que se refieran a delitos de acci贸n penal privada o a conductas privadas que esta Constituci贸n o la ley declaran exentas de la autoridad p煤blica.

Dichas pruebas ser谩n admitidas cuando el proceso fuera promovido por la publicaci贸n de censuras a la conducta p煤blica de los funcionarios del Estado, y en los dem谩s casos establecidos expresamente por la ley.

Art铆culo 24 – DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA IDEOL脫GICA

Quedan reconocidas la libertad religiosa, la de culto y la ideol贸gica, sin m谩s limitaciones que las establecidas en esta Constituci贸n y en la ley. Ninguna confesi贸n tendr谩 car谩cter oficial.

Las relaciones del Estado con la iglesia cat贸lica se basan en la independencia, cooperaci贸n y autonom铆a.

Se garantizan la independencia y la autonom铆a de las iglesias y confesiones religiosas, sin m谩s limitaciones que las impuestas en esta Constituci贸n y las leyes.

Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de su ideolog铆a.

Art铆culo 25 – DE LA EXPRESI脫N DE LA PERSONALIDAD

Toda persona tiene el derecho a la libre expresi贸n de su personalidad, a la creatividad y a la formaci贸n de su propia identidad e imagen.

Se garantiza el pluralismo ideol贸gico.

Art铆culo 26 – DE LA LIBERTAD DE EXPRESI脫N Y DE PRENSA

Se garantizan la libre expresi贸n y la libertad de prensa, as铆 como la difusi贸n del pensamiento y de la opini贸n, sin censura alguna, sin m谩s limitaciones que las dispuestas en esta Constituci贸n; en consecuencia, no se dictar谩 ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habr谩 delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa.

Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir informaci贸n, como igualmente a la utilizaci贸n de cualquier instrumento l铆cito y apto para tales fines.

Art铆culo 27 – DEL EMPLEO DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACI脫N SOCIAL

El empleo de los medios de comunicaci贸n es de inter茅s p煤blico; en consecuencia, no se los podr谩 clausurar ni suspender su funcionamiento.

No se admitir谩 la prensa carente de direcci贸n responsable.

Se proh铆be toda pr谩ctica discriminatoria en la provisi贸n de insumos para la prensa, as铆 como interferir las frecuencias radioel茅ctricas y obstruir, de la manera que fuese, la libre circulaci贸n, la distribuci贸n y la venta de peri贸dicos, libros, revistas o dem谩s publicaciones con direcci贸n o autor铆a responsable.

Se garantiza el pluralismo informativo.

La ley regular谩 la publicidad a los efectos de la mejor protecci贸n de los derechos del ni帽o, del joven, del analfabeto, del consumidor y de la mujer.

Art铆culo 28 – DEL DERECHO A INFORMARSE

Se reconoce el derecho de las personas a recibir informaci贸n veraz, responsable y ecu谩nime.

Las fuentes p煤blicas de informaci贸n son libres para todos. La ley regular谩 las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo.

Toda persona afectada por la difusi贸n de una informaci贸n falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificaci贸n o su aclaraci贸n por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los dem谩s derechos compensatorios.

Art铆culo 29 – DE LA LIBERTAD DE EJERCICIO DEL PERIODISMO

El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no est谩 sujeto a autorizaci贸n previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicaci贸n social en cumplimiento de sus funciones, no ser谩n obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de informaci贸n.

El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje. La direcci贸n podr谩 dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso.

Se reconoce al periodista el derecho de autor铆a sobre el producto de su trabajo intelectual, art铆stico o fotogr谩fico, cualquiera sea su t茅cnica, conforme con la ley.

Art铆culo 30 – DE LAS SE脩ALES DE COMUNICACI脫N ELECTROMAGN脡TICA

La emisi贸n y la propagaci贸n de las se帽ales de comunicaci贸n electromagn茅tica son del dominio p煤blico del Estado, el cual, en ejercicio de la soberan铆a nacional, promover谩 el pleno empleo de las mismas seg煤n los derechos propios de la Rep煤blica y conforme con los convenios internacionales ratificados sobre la materia.

La ley asegurar谩, en igualdad de oportunidades, el libre acceso al aprovechamiento del espectro electromagn茅tico, as铆 como al de los instrumentos electr贸nicos de acumulaci贸n y procesamiento de informaci贸n p煤blica, sin m谩s l铆mites que los impuestos por las regulaciones internacionales y las normas t茅cnicas. Las autoridades asegurar谩n que estos elementos no sean utilizados para vulnerar la intimidad personal o familiar y los dem谩s derechos establecidos en esta Constituci贸n.

Art铆culo 31 – DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACI脫N SOCIAL DEL ESTADO

Los medios de comunicaci贸n dependientes del Estado ser谩n regulados por ley en su organizaci贸n y en su funcionamiento, debiendo garantizarse el acceso democr谩tico y pluralista a los mismos de todos los sectores sociales y pol铆ticos, en igualdad de oportunidades.

Art铆culo 32 – DE LA LIBERTAD DE REUNI脫N Y DE MANIFESTACI脫N

Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pac铆ficamente, sin armas y con fines l铆citos, sin necesidad de permiso, as铆 como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La ley s贸lo podr谩 reglamentar su ejercicio en lugares de tr谩nsito p煤blico, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden p煤blico establecido en la ley.

Art铆culo 33 – DEL DERECHO A LA INTIMIDAD

La intimidad personal y familiar, as铆 como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden p煤blico establecido en la ley o a los derechos de terceros, est谩 exenta de la autoridad p煤blica.

 Se garantizan el derecho a la protecci贸n de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas.

Art铆culo 34 – DEL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LOS RECINTOS PRIVADOS

Todo recinto privado es inviolable. S贸lo podr谩 ser allanado o clausurado por orden judicial y con sujeci贸n a la ley. Excepcionalmente podr谩 serlo, adem谩s, en caso de flagrante delito o para impedir su inminente perpetraci贸n, o para evitar da帽os a la persona o a la propiedad.

Art铆culo 35 – DE LOS DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS

Los documentos identificatorios, licencias o constancias de las personas no podr谩n ser incautados ni retenidos por las autoridades. Estas no podr谩n privarlas de ellos, salvo los casos previstos en la ley.

Art铆culo 36 – DEL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y LA COMUNICACI脫N PRIVADA

El patrimonio documental de las personas es inviolable. Los registros, cualquiera sea su t茅cnica, los impresos, la correspondencia, los escritos, las comunicaciones telef贸nicas, telegr谩ficas o de cualquier otra especie, las colecciones o reproducciones, los testimonios y los objetos de valor testimonial, as铆 como sus respectivas copias, no podr谩n ser examinados, reproducidos, interceptados o secuestrados sino por orden judicial para casos espec铆ficamente previstos en la ley, y siempre que fuesen indispensables para el esclarecimiento de los asuntos de competencia de las correspondientes autoridades. La ley determinar谩 modalidades especiales para el examen de la contabilidad comercial y de los registros legales obligatorios.

Las pruebas documentales obtenidas en violaci贸n o lo prescrito anteriormente carecen de valor en juicio.

En todos los casos se guardar谩 estricta reserva sobre aquello que no haga relaci贸n con lo investigado.

Art铆culo 37 – DEL DERECHO A LA OBJECI脫N DE LA CONCIENCIA

Se reconoce la objeci贸n de conciencia por razones 茅ticas o religiosas para los casos en que esta Constituci贸n y la ley la admitan.

Art铆culo 38 – DEL DERECHO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES DIFUSOS

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades p煤blicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del h谩bitat, de la salubridad p煤blica, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza jur铆dica, pertenezcan a la comunidad y hagan relaci贸n con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo.

Art铆culo 39 – DEL DERECHO A LA INDEMNIZACI脫N JUSTA Y ADECUADA

Toda persona tienen derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los da帽os o perjuicios de que fuere objeto por parte del Estado. La ley reglamentar谩 este derecho.

Art铆culo 40 – DEL DERECHO A PETICIONAR A LAS AUTORIDADES

Toda persona, individual o colectivamente y sin requisitos especiales, tienen derecho a peticionar a las autoridades, por escrito, quienes deber谩n responder dentro del plazo y seg煤n las modalidades que la ley determine. Se reputar谩 denegada toda petici贸n que no obtuviese respuesta en dicho plazo.

Art铆culo 41 – DEL DERECHO AL TRANSITO Y A LA RESIDENCIA

Todo paraguayo tienen derecho a residir en su Patria. Los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o de residencia, ausentarse de la Rep煤blica o volver a ella y, de acuerdo con la ley, incorporar sus bienes al pa铆s o sacarlos de 茅l. Las migraciones ser谩n reglamentadas por la ley, con observancia de estos derechos.

El ingreso de los extranjeros sin radicaci贸n definitiva en el pa铆s ser谩 regulado por la ley, considerando los convenios internacionales sobre la materia.

Los extranjeros con radicaci贸n definitiva en el pa铆s no ser谩n obligados a abandonarlo sino en virtud de sentencia judicial.

Art铆culo 42 – DE LA LIBERTAD DE ASOCIACI脫N

Toda persona es libre de asociarse o agremiarse con fines l铆citos, as铆 como nadie est谩 obligado a pertenecer a determinada asociaci贸n. La forma de colegiaci贸n profesional ser谩 reglamentada por ley. Est谩n prohibidas las asociaciones secretas y las de car谩cter paramilitar.

Art铆culo 43 – DEL DERECHO DE ASILO

El Paraguay reconoce el derecho de asilo territorial y diplom谩tico a toda persona perseguida por motivos o delitos pol铆ticos o por delitos comunes conexos, as铆 como por sus opiniones o por sus creencias. Las autoridades deber谩n otorgar de inmediato la documentaci贸n personal y el correspondiente salvo conducto.

Ning煤n asilado pol铆tico ser谩 trasladado compulsivamente al pa铆s cuyas autoridades lo persigan.

Art铆culo 44 – DE LOS TRIBUTOS

 Nadie estar谩 obligado al pago de tributos ni a la prestaci贸n de servicios personales que no hayan sido establecidos por la ley. No se exigir谩n fianzas excesivas ni se impondr谩n multas desmedidas.

Art铆culo 45 – DE LOS DERECHOS Y GARANT脥AS NO ENUNCIADOS

La enunciaci贸n de los derechos y garant铆as contenidos en esta Constituci贸n no debe entenderse como negaci贸n de otros que, siendo inherentes a la personalidad humana, no figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podr谩 ser invocada para negar ni para menoscabar alg煤n derecho o garant铆a.

CAP脥TULO III – DE LA IGUALDAD

Art铆culo 46 – DE LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS

Todos los habitantes de la Rep煤blica son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado remover谩 los obst谩culos e impedir谩 los factores que las mantengan o las propicien.

Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no ser谩n consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios.

Art铆culo 47 – DE LAS GARANT脥AS DE LA IGUALDAD

El Estado garantizar谩 a todos los habitantes de la Rep煤blica:

  1. la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanar谩 los obst谩culos que la impidiesen;
  2. la igualdad ante las leyes;
  3. la igualdad para el acceso a las funciones p煤blicas no electivas, sin m谩s requisitos que la idoneidad, y
  4. la igualdad de oportunidades en la participaci贸n de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura.

Art铆culo 48 – DE LA IGUALDAD DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LA MUJER

El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, pol铆ticos, sociales, econ贸micos y culturales. El Estado promover谩 las condiciones y crear谩 los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obst谩culos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participaci贸n de la mujer en todos los 谩mbitos de la vida nacional.

CAP脥TULO IV – DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA

Art铆culo 49 – DE LA PROTECCI脫N A LA FAMILIA

La familia es el fundamento de la sociedad. Se promover谩 y se garantizar谩 su protecci贸n integral. Esta incluye a la uni贸n estable del hombre y de la mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes.

Art铆culo 50 – DEL DERECHO A CONSTITUIR FAMILIA

Toda persona tiene derecho a constituir familia, en cuya formaci贸n y desenvolvimiento la mujer y el hombre tendr谩n los mismos derechos y obligaciones.

Art铆culo 51 – DEL MATRIMONIO Y DE LOS EFECTOS DE LAS UNIONES DE HECHO

La ley establecer谩 las formalidades para la celebraci贸n del matrimonio entre el hombre y la mujer, los requisitos para contraerlo, las causas de separaci贸n, de disoluci贸n y sus efectos, as铆 como el r茅gimen de administraci贸n de bienes y otros derechos y obligaciones entre c贸nyuges.

Las uniones de hecho entre el hombre y la mujer, sin impedimentos legales para contraer matrimonio, que re煤nan las condiciones de estabilidad y singularidad, producen efectos similares al matrimonio, dentro de las condiciones que establezca la ley.

Art铆culo 52 – DE LA UNI脫N EN MATRIMONIO

La uni贸n en matrimonio del hombre y la mujer es uno de los componentes fundamentales en la formaci贸n de la familia.

Art铆culo 53 – DE LOS HIJOS

Los padres tienen el derecho y la obligaci贸n de asistir, de alimentar, de educar y de amparar a sus hijos menores de edad. Ser谩n penados por la ley en caso de incumplimiento de sus deberes de asistencia alimentaria.

Los hijos mayores de edad est谩n obligados a prestar asistencia a sus padres en caso de necesidad.

La ley reglamentar谩 la ayuda que se debe prestar a la familia de prole numerosa y a las mujeres cabeza de familia.

Todos los hijos son iguales ante la ley. Esta posibilitar谩 la investigaci贸n de la paternidad. Se proh铆be cualquier calificaci贸n sobre la filiaci贸n en los documentos personales.

Art铆culo 54 – DE LA PROTECCI脫N AL NI脩O

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci贸n de garantizar al ni帽o su desarrollo arm贸nico e integral, as铆 como el ejercicio pleno de sus derechos protegi茅ndolo contra el abandono, la desnutrici贸n, la violencia, el abuso, el tr谩fico y la explotaci贸n. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garant铆as y la sanci贸n de los infractores.

Los derechos del ni帽o, en caso de conflicto, tienen car谩cter prevaleciente.

Art铆culo 55 – DE LA MATERNIDAD Y DE LA PATERNIDAD

La maternidad y la paternidad responsables ser谩n protegidas por el Estado, el cual fomentar谩 la creaci贸n de instituciones necesarias para dichos fines.

Art铆culo 56 – DE LA JUVENTUD

Se promover谩n las condiciones para la activa participaci贸n de la juventud en el desarrollo pol铆tico, social, econ贸mico y cultural del pa铆s.

Art铆culo 57 – DE LA TERCERA EDAD

Toda persona en la tercera edad tiene derecho a una protecci贸n integral. La familia, la sociedad y los poderes p煤blicos promover谩n su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus necesidades de alimentaci贸n, salud, vivienda, cultura y ocio.

Art铆culo 58 – DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EXCEPCIONALES

Se garantizar谩 a las personas excepcionales la atenci贸n de su salud, de su educaci贸n, de su recreaci贸n y de su formaci贸n profesional para una plena integraci贸n social.

El Estado organizar谩 una pol铆tica de prevenci贸n, tratamiento, rehabilitaci贸n e integraci贸n de los discapacitados f铆sicos, ps铆quicos y sensoriales, a quienes prestar谩 el cuidado especializado que requieran.

Se les reconocer谩 el disfrute de los derechos que esta Constituci贸n otorga a todos los habitantes de la Rep煤blica, en igualdad de oportunidades, a fin de compensar sus desventajas.

Art铆culo 59 – DEL BIEN DE LA FAMILIA

Se reconoce como instituci贸n de inter茅s social el bien de familia, cuyo r茅gimen ser谩 determinado por ley. El mismo estar谩 constituido por la vivienda o el fundo familiar, y por sus muebles y elementos de trabajo, los cuales ser谩n inembargables.

Art铆culo 60 – DE LA PROTECCI脫N CONTRA LA VIOLENCIA

El Estado promover谩 pol铆ticas que tengan por objeto evitar la violencia en el 谩mbito familiar y otras causas destructoras de su solidaridad.

Art铆culo 61 – DE LA PLANIFICACI脫N FAMILIAR Y DE LA SALUD MATERNO INFANTIL

El Estado reconoce el derecho de las personas a decidir libre y responsablemente el n煤mero y la frecuencia del nacimiento de sus hijos, as铆 como a recibir, en coordinaci贸n con los organismos pertinentes educaci贸n, orientaci贸n cient铆fica y servicios adecuados, en la materia.

Se establecer谩n planes especiales de salud reproductiva y salud materno infantil para la poblaci贸n de escasos recursos.

CAP脥TULO V – DE LOS PUEBLOS IND脥GENAS

Art铆culo 62 – DE LOS PUEBLOS IND脥GENAS Y GRUPOS 脡TNICOS

Esta Constituci贸n reconoce la existencia de los pueblos ind铆genas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formaci贸n y organizaci贸n del Estado paraguayo.

Art铆culo 63 – DE LA IDENTIDAD 脡TNICA

Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos ind铆genas a preservar y a desarrollar su identidad 茅tnica en el respectivo h谩bitat. Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organizaci贸n pol铆tica, social, econ贸mica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeci贸n a sus normas consuetudinarias para la regulaci贸n de la convivencia interior siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constituci贸n. En los conflictos jurisdiccionales se tendr谩 en cuenta el derecho consuetudinario ind铆gena.

Art铆culo 64 – DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA

Los pueblos ind铆genas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensi贸n y calidad suficientes para la conservaci贸n y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveer谩 gratuitamente de estas tierras, las cuales ser谩n inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estar谩n exentas de tributo.

Se proh铆be la remoci贸n o traslado de su h谩bitat sin el expreso consentimiento de los mismos.

Art铆culo 65 – DEL DERECHO A LA PARTICIPACI脫N

Se garantiza a los pueblos ind铆genas el derecho a participar en la vida econ贸mica, social, pol铆tica y cultural del pa铆s, de acuerdo con sus usos consuetudinarios, 茅sta Constituci贸n y las leyes nacionales.

Art铆culo 66 – DE LA EDUCACI脫N Y LA ASISTENCIA

El Estado respetar谩 las peculiaridades culturales de los pueblos ind铆genas especialmente en lo relativo a la educaci贸n formal. Se atender谩, adem谩s, a su defensa contra la regresi贸n demogr谩fica, la depredaci贸n de su h谩bitat, la contaminaci贸n ambiental, la explotaci贸n econ贸mica y la alienaci贸n cultural.

Art铆culo 67 – DE LA EXONERACI脫N

 Los miembros de los pueblos ind铆genas est谩n exonerados de prestar servicios sociales, civiles o militares, as铆 como de las cargas p煤blicas que establezca la ley.

CAP脥TULO VI – DE LA SALUD

Art铆culo 68 – DEL DERECHO A LA SALUD

El Estado proteger谩 y promover谩 la salud como derecho fundamental de la persona y en inter茅s de la comunidad.

Nadie ser谩 privado de asistencia p煤blica para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de cat谩strofes y de accidentes.

Toda persona est谩 obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro del respeto a la dignidad humana.

Art铆culo 69 – DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Se promover谩 un sistema nacional de salud que ejecute acciones sanitarias integradas, con pol铆ticas que posibiliten la concertaci贸n, la coordinaci贸n y la complementaci贸n de programas y recursos del sector p煤blico y privado.

Art铆culo 70 – DEL R脡GIMEN DE BIENESTAR SOCIAL

La ley establecer谩 programas de bienestar social mediante estrategias basadas en la educaci贸n sanitaria y en la participaci贸n comunitaria.

Art铆culo 71 – DEL NARCOTR脕FICO, DE LA DROGADICCI脫N Y DE LA REHABILITACI脫N

El Estado reprimir谩 la producci贸n, y el tr谩fico il铆citos de las sustancias estupefacientes y dem谩s drogas peligrosas, as铆 como los actos destinados a la legitimaci贸n del dinero proveniente de tales actividades. Igualmente combatir谩 el consumo il铆cito de dichas drogas. La ley reglamentar谩 la producci贸n y el uso medicinal de las mismas.

Se establecer谩n programas de educaci贸n preventiva y de rehabilitaci贸n de los adictos, con la participaci贸n de organizaciones privadas.

Art铆culo 72 – DEL CONTROL DE CALIDAD

El Estado velar谩 por el control de la calidad de los productos alimenticios, qu铆micos, farmac茅uticos y biol贸gicos, en las etapas de producci贸n, importaci贸n y comercializaci贸n. Asimismo facilitar谩 el acceso de factores de escasos recursos a los medicamentos considerados esenciales.

CAP脥TULO VII – DE LA EDUCACI脫N Y DE LA CULTURA

Art铆culo 73 – DEL DERECHO A LA EDUCACI脫N Y DE SUS FINES

Toda persona tiene derecho a la educaci贸n integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoci贸n de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperaci贸n y la integraci贸n de los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los principios democr谩ticos; la afirmaci贸n del compromiso con la Patria, de la identidad cultural y la formaci贸n intelectual, moral y c铆vica, as铆 como la eliminaci贸n de los contenidos educativos de car谩cter discriminatorio.

La erradicaci贸n del analfabetismo y la capacitaci贸n para el trabajo son objetivos permanentes del sistema educativo.

Art铆culo 74 – DEL DERECHO DE APRENDER Y DE LA LIBERTAD DE ENSE脩AR

Se garantizan el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades al acceso a los beneficios de la cultura human铆stica, de la ciencia y de la tecnolog铆a, sin discriminaci贸n alguna.

Se garantiza igualmente la libertad de ense帽ar, sin m谩s requisitos que la idoneidad y la integridad 茅tica, as铆 como el derecho a la educaci贸n religiosa y al pluralismo ideol贸gico.

Art铆culo 75 – DE LA RESPONSABILIDAD EDUCATIVA

La educaci贸n es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, en el Municipio y en el Estado.

El Estado promover谩 programas de complemento nutricional y suministro de 煤tiles escolares para los alumnos de escasos recursos.

Art铆culo 76 – DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO

La educaci贸n escolar b谩sica es obligatoria. En las escuelas p煤blicas tendr谩 car谩cter gratuito. El Estado fomentar谩 la ense帽anza media, t茅cnica, agropecuaria, industrial y la superior o universitaria, as铆 como la investigaci贸n cient铆fica y tecnol贸gica.

La organizaci贸n del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado, con la participaci贸n de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarcar谩 a los sectores p煤blicos y privados, as铆 como al 谩mbito escolar y extraescolar.

Art铆culo 77 – DE LA ENSE脩ANZA EN LENGUA MATERNA

La ense帽anza en los comienzos del proceso escolar se realizar谩 en la lengua oficial materna del educando. Se instruir谩 asimismo en el conocimiento y en el empleo de ambos idiomas oficiales de la Rep煤blica

En el caso de las minor铆as 茅tnicas cuya lengua materna no sea el guaran铆, se podr谩 elegir uno de los dos idiomas oficiales.

Art铆culo 78 – DE LA EDUCACI脫N T脡CNICA

El Estado fomentar谩 la capacitaci贸n para el trabajo por medio de la ense帽anza t茅cnica, a fin de formar los recursos humanos requeridos para el desarrollo nacional.

Art铆culo 79 – DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES

La finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores ser谩 la formaci贸n profesional superior, la investigaci贸n cient铆fica y la tecnol贸gica, as铆 como la extensi贸n universitaria.

Las universidades son aut贸nomas. Establecer谩n sus estatutos y formas de gobierno y elaborar谩n sus planes de estudio de acuerdo con la pol铆tica educativa y los planes de desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de ense帽anza y la de la c谩tedra. Las universidades, tanto p煤blicas como privadas, ser谩n creadas por ley, la cual determinar谩 las profesiones que necesiten t铆tulos universitarios para su ejercicio.

Art铆culo 80 – DE LOS FONDOS PARA BECAS Y AYUDAS

La ley prever谩 la constituci贸n de fondos para becas y otras ayudas, con el objeto de facilitar la formaci贸n intelectual, cient铆fica, t茅cnica o art铆stica de las personas con preferencia de las que carezcan de recursos.

Art铆culo 81 – DEL PATRIMONIO CULTURAL

Se arbitrar谩n los medios necesarios para la conservaci贸n, el rescate y la restauraci贸n de los objetos, documentos y espacios de valor hist贸rico, arqueol贸gico, paleontol贸gico, art铆stico o cient铆fico, as铆 como de sus respectivos entornos f铆sicos, que hacen parte del patrimonio cultural de la Naci贸n.

El Estado definir谩 y registrar谩 aquellos que se encuentren en el pa铆s y, en su caso, gestionar谩 la recuperaci贸n de los que se hallen en el extranjero. Los organismos competentes se encargar谩n de la salvaguarda y del rescate de las diversas expresiones de la cultura oral y de la memoria colectiva de la Naci贸n, cooperando con los particulares que persigan el mismo objetivo. Quedan prohibidos el uso inapropiado y el empleo desnaturalizante de dichos bienes, su destrucci贸n, su alteraci贸n dolosa, la remoci贸n de sus lugares originarios y su enajenaci贸n con fines de exportaci贸n.

Art铆culo 82 – DEL RECONOCIMIENTO A LA IGLESIA CAT脫LICA

Se reconoce el protagonismo de la Iglesia Cat贸lica en la formaci贸n hist贸rica y cultural de la Naci贸n.

Art铆culo 83 – DE LA DIFUSI脫N CULTURAL Y DE LA EXONERACI脫N DE LOS IMPUESTOS

Los objetos, las publicaciones y las actividades que posean valor significativo para la difusi贸n cultural y para la educaci贸n, no se gravar谩n con impuestos fiscales ni municipales. La ley reglamentar谩 estas exoneraciones y establecer谩 un r茅gimen de est铆mulo para introducci贸n e incorporaci贸n al pa铆s de los elementos necesarios para el ejercicio de las artes y de la investigaci贸n cient铆fica y tecnol贸gica, as铆 como para su difusi贸n en el pa铆s y en el extranjero.

Art铆culo 84 – DE LA PROMOCI脫N DE LOS DEPORTES

El Estado promover谩 los deportes, en especial los de car谩cter no profesional, que estimulen la educaci贸n f铆sica, brindando apoyo econ贸mico y exenciones impositivas a establecerse en la ley. Igualmente, estimular谩 la participaci贸n nacional en competencias internacionales.

Art铆culo 85 – DEL M脥NIMO PRESUPUESTARIO

Los recursos destinados a la educaci贸n en el Presupuesto General de la Naci贸n no ser谩n inferiores al veinte por ciento del total asignado a la Administraci贸n Central, excluidos los pr茅stamos y las donaciones.

CAP脥TULO VIII – DEL TRABAJO

SECCI脫N I – DE LOS DERECHOS LABORALES

Art铆culo 86 – DEL DERECHO AL TRABAJO

Todos los habitantes de la Rep煤blica tienen derecho a un trabajo l铆cito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas.

La ley proteger谩 el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables.

Art铆culo 87 – DEL PLENO EMPLEO

El Estado promover谩 pol铆ticas que tiendas al plano empleo y a la formaci贸n profesional de recursos humanos, dando preferencia al trabajador nacional.

Art铆culo 88 – DE LA NO DISCRIMINACI脫N

No se admitir谩 discriminaci贸n alguna entre los trabajadores por motivos 茅tnicos, de sexo, edad, religi贸n, condici贸n social y preferencias pol铆ticas o sindicales.

El trabajo de las personas con limitaciones o incapacidades f铆sicas o mentales ser谩 especialmente amparado.

Art铆culo 89 – DEL TRABAJO DE LAS MUJERES

Los trabajadores de uno y otro sexo tienen los mismos derechos y obligaciones laborales, pero la maternidad ser谩 objeto de especial protecci贸n, que comprender谩 los servicios asistenciales y los descansos correspondientes, los cuales no ser谩n inferiores a doce semanas. La mujer no ser谩 despedida durante el embarazo, y tampoco mientras duren los descansos por maternidad.

La ley establecer谩 el r茅gimen de licencias por paternidad.

Art铆culo 90 – DEL TRABAJO DE LOS MENORES

Se dar谩 prioridad a los derechos del menor trabajador para garantizar su normal desarrollo f铆sico, intelectual y moral.

Art铆culo 91 – DE LAS JORNADAS DE TRABAJO Y DE DESCANSO

La duraci贸n m谩xima de la jornada ordinaria de trabajo no exceder谩 de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales, diurnas, salvo las legalmente establecidas por motivos especiales. La ley fijar谩 jornadas m谩s favorables para las tareas insalubres, peligrosas, penosas, nocturnas o las que se desarrollen en turnos continuos rotativos.

Los descansos y las vacaciones anuales ser谩n remunerados conforme con la ley.

Art铆culo 92 – DE LA RETRIBUCI脫N DEL TRABAJO

El trabajador tienen derechos a disfrutar de una remuneraci贸n que le asegure, a 茅l y a su familia, una existencia libre y digna.

La ley consagrar谩 el salario vital m铆nimo, el aguinaldo anual, la bonificaci贸n familiar, el reconocimiento de un salario superior al b谩sico por horas de trabajo insalubre o riesgoso, y las horas extraordinarias, nocturnas y en d铆as feriados. Corresponde, b谩sicamente, igual salario por igual trabajo.

Art铆culo 93 – DE LOS BENEFICIOS ADICIONALES AL TRABAJADOR

El Estado establecer谩 un r茅gimen de est铆mulo a las empresas que incentiven con beneficios adicionales a sus trabajadores. Tales emolumentos ser谩n independientes de los respectivos salarios y de otros beneficios legales.

Art铆culo 94 – DE LA ESTABILIDAD Y DE LA INDEMNIZACI脫N

El derecho a la estabilidad del trabajador queda garantizado dentro de los l铆mites que la ley establezca, as铆 como su derecho a la indemnizaci贸n en caso de despido injustificado.

Art铆culo 95 – DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia ser谩 establecido por la ley. Se promover谩 su extensi贸n a todos los sectores de la poblaci贸n.

Los servicios del sistema de seguridad social podr谩n ser p煤blicos, privados o mixtos, y en todos los casos estar谩n supervisados por el Estado.

Los recursos financieros de los seguros sociales no ser谩n desviados de sus fines espec铆ficos y; estar谩n disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio.

Art铆culo 96 – DE LA LIBERTAD SINDICAL

Todos los trabajadores p煤blicos y privados tienen derecho a organizarse en sindicatos sin necesidad de autorizaci贸n previa. Quedan exceptuados de este derecho los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Policiales. Los empleadores gozan de igual libertad de organizaci贸n. Nadie puede ser obligado a pertenecer a un sindicato.

Para el reconocimiento de un sindicato, bastar谩 con la inscripci贸n del mismo en el 贸rgano administrativo competente.

En la elecci贸n de las autoridades y en el funcionamiento de los sindicatos se observar谩n las pr谩cticas democr谩ticas establecidas en la ley, la cual garantizar谩 tambi茅n la estabilidad del dirigente sindical.

Art铆culo 97 – DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS

Los sindicatos tienen el derechos a promover acciones colectivas y a concertar convenios sobre las condiciones de trabajo.

El Estado favorecer谩 las soluciones conciliatorias de los conflictos de trabajo y la concertaci贸n social. El arbitraje ser谩 optativo.

Art铆culo 98 – DEL DERECHO DE HUELGA Y DE PARO

Todos los trabajadores de los sectores p煤blicos y privados tienen el derecho a recurrir a la huelga en caso de conflicto de intereses. Los empleadores gozan del derecho de paro en las mismas condiciones.

Los derechos de huelga y de paro no alcanzan a los miembros de las Fuerzas Armadas de la Naci贸n, ni a los de las policiales.

La ley regular谩 el ejercicio de estos derechos, de tal manera que no afecten servicios p煤blicos imprescindibles para la comunidad.

Art铆culo 99 – DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LABORALES

El cumplimiento de las normas laborales y el de las de seguridad e higiene en el trabajo quedar谩n sujetos a la fiscalizaci贸n de las autoridades creadas por la ley, la cual establecer谩 las sanciones en caso de su violaci贸n.

Art铆culo 100 – DEL DERECHO A LA VIVIENDA

Todos los habitantes de la Rep煤blica tienen derecho a una vivienda digna.

El Estado establecer谩 las condiciones para hacer efectivo este derecho, y promover谩 planes de vivienda de inter茅s social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamiento adecuados.

SECCI脫N II – DE LA FUNCI脫N P脷BLICA

Art铆culo 101 – DE LOS FUNCIONARIOS Y DE LOS EMPLEADOS P脷BLICOS

Los funcionarios y los empleados p煤blicos est谩n al servicio del pa铆s. Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos p煤blicos.

La ley reglamentar谩 las distintas carreras en las cuales dichos funcionarios y empleados presten servicios, las que, sin perjuicio de otras, son la judicial, la docente, la diplom谩tica y consular, la de investigaci贸n cient铆fica y tecnol贸gica, la de servicio civil, la militar y la policial.

Art铆culo 102 – DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS Y DE LOS EMPLEADOS P脷BLICOS

Los funcionarios y los empleados p煤blicos gozan de los derechos establecidos en esta Constituci贸n en la secci贸n de derechos laborales, en un r茅gimen uniforme para las distintas carreras dentro de los l铆mites establecidos por la ley y con resguardo de los derechos adquiridos.

Art铆culo 103 – DEL R脡GIMEN DE JUBILACIONES

Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regular谩 el r茅gimen de jubilaciones de los funcionarios y los empleados p煤blicos, atendiendo a que los organismos aut谩rquicos creados con ese prop贸sito acuerden a los aportantes y jubilados la administraci贸n de dichos entes bajo control estatal. Participar谩n del mismo r茅gimen todos los que, bajo cualquier t铆tulo, presten servicios al Estado.

La ley garantizar谩 la actualizaci贸n de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario p煤blico en actividad.

Art铆culo 104 – DE LA DECLARACI脫N OBLIGATORIA DE BIENES Y RENTAS

Los funcionarios y los empleados p煤blicos, incluyendo a los de elecci贸n popular, los de entidades estatales, binacionales, aut谩rquicas, descentralizadas y, en general, quienes perciban remuneraciones permanentes del Estado, estar谩n obligados a prestar declaraci贸n jurada de bienes y rentas dentro de los quince d铆as de haber tomado posesi贸n de su cargo, y en igual t茅rmino al cesar en el mismo.

Art铆culo 105 – DE LA PROHIBICI脫N DE DOBLE REMUNERACI脫N

Ninguna persona podr谩 percibir como funcionario o empleado p煤blico, m谩s de un sueldo o remuneraci贸n simult谩neamente, con excepci贸n de los que provengan del ejercicio de la docencia.

Art铆culo 106 – DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL EMPLEADO P脷BLICO

Ning煤n funcionario o empleado p煤blico est谩 exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempe帽o de sus funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de 茅ste a repetir el pago de lo que llegase a abandonar en tal concepto.

CAP脥TULO IX – DE LOS DERECHOS ECON脫MICOS Y DE LA REFORMA AGRARIA

SECCI脫N I – DE LOS DERECHOS ECON脫MICOS

Art铆culo 107 – DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad econ贸mica l铆cita de su preferencia, dentro de un r茅gimen de igualdad de oportunidades.

Se garantiza la competencia en el mercado. No ser谩n permitidas la creaci贸n de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de art铆culos nocivos ser谩n sancionados por la Ley Penal.

Art铆culo 108 – DE LA LIBRE CIRCULACI脫N DE PRODUCTOS

Los bienes de producci贸n o fabricaci贸n nacional, y los de procedencia extranjera introducidos legalmente, circular谩n libremente dentro del territorio de la Rep煤blica.

Art铆culo 109 – DE LA PROPIEDAD PRIVADA

Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y l铆mites ser谩n establecidos por la ley, atendiendo a su funci贸n econ贸mica y social, a fin de hacerla accesible para todos.

La propiedad privada es inviolable.

Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiaci贸n por causa de utilidad p煤blica o de inter茅s social, que ser谩 determinada en cada caso por ley. Esta garantizar谩 el previo pago de una justa indemnizaci贸n, establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria, conforme con el procedimiento para las expropiaciones a establecerse por ley.

Art铆culo 110 – DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Todo autor, inventor, productor o comerciante gozar谩 de la propiedad exclusiva de su obra, invenci贸n, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.

Art铆culo 111 – DE LAS TRANSFERENCIAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS

Siempre que el Estado resuelva transferir empresas p煤blicas o su participaci贸n en las mismas al sector privado, dar谩 opci贸n preferencial de compra a los trabajadores y sectores involucrados directamente con la empresa. La ley regular谩 la forma en que se establecer谩 dicha opci贸n.

Art铆culo 112 – DEL DOMINIO DEL ESTADO

Corresponde al Estado el dominio de los hidrocarburos, minerales s贸lidos, l铆quidos y gaseosos que se encuentre en estado natural en el territorio de la Rep煤blica, con excepci贸n de las sustancias p茅treas, terrosas y calc谩reas.

El Estado podr谩 otorgar concesiones a personas o empresas p煤blicas o privadas, mixtas, nacionales o extranjeras, para la prospecci贸n, la exploraci贸n, la investigaci贸n, el cateo o la explotaci贸n de yacimientos, por tiempo limitado.

La ley regular谩 el r茅gimen econ贸mico que contemple los intereses del Estado, los de los concesionarios y los de los propietarios que pudieran resultar afectados.

Art铆culo 113 – DEL FOMENTO DE LAS COOPERATIVAS

El Estado fomentar谩 la empresa cooperativa y otras formas asociativas de producci贸n de bienes y de servicios, basadas en la solidaridad y la rentabilidad social, a las cuales garantizar谩 su libre organizaci贸n y su autonom铆a.

Los principios del cooperativismo como instrumento del desarrollo econ贸mico nacional, ser谩n difundidos a trav茅s del sistema educativo.

SECCI脫N II – DE LA REFORMA AGRARIA

Art铆culo 114 – DE LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA AGRARIA

La reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural. ella consiste en la incorporaci贸n efectiva de la poblaci贸n campesina al desarrollo econ贸mico y social de la Naci贸n. Se adoptar谩n sistemas equitativos de distribuci贸n, propiedad y tenencia de la tierra; se organizar谩n el cr茅dito y la asistencia t茅cnica, educacional y sanitaria; se fomentar谩 la creaci贸n de cooperativas agr铆colas y de otras asociaciones similares, y se promover谩 la producci贸n, la industrializaci贸n y la racionalizaci贸n del mercado para el desarrollo integral del agro.

Art铆culo 115 – DE LAS BASES DE LA REFORMA AGRARIA Y DEL DESARROLLO RURAL

La reforma agraria y el desarrollo rural se efectuar谩n de acuerdo con las siguientes bases:

  1. La adopci贸n de un sistema tributario y de otras medidas que estimulen la producci贸n, desalienten el latifundio y garanticen el desarrollo de la peque帽a y la mediana propiedad rural, seg煤n las peculiaridades de cada zona;
  2. la racionalizaci贸n y la regularizaci贸n del uso de la tierra y de las pr谩cticas de cultivo para impedir su degradaci贸n, as铆 como el fomento de la producci贸n agropecuaria intensiva y diversificada;
  3. la promoci贸n de la peque帽a y de la mediana empresa agr铆cola;
  4. la programaci贸n de asentamientos campesinos; la adjudicaci贸n de parcelas de tierras en propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria, previendo la infraestructura necesaria para su asentamiento y arraigo, con 茅nfasis en la vialidad, la educaci贸n y la salud;
  5. el establecimiento de sistemas y organizaciones que aseguren precios justos al productor primario;
  6. el otorgamiento de cr茅ditos agropecuarios, a bajo costo y sin intermediarios;
  7. la defensa y la preservaci贸n del ambiente;
  8. la creaci贸n del seguro agr铆cola;
  9. el apoyo a la mujer campesina, en especial a quien sea cabeza de familia;
  10. la participaci贸n de la mujer campesina, en igualdad con el hombre, en los planes de la reforma agraria;
  11. la participaci贸n de los sujetos de la reforma agraria en el respectivo proceso, y la promoci贸n de las organizaciones campesinas en defensa de sus intereses econ贸micos, sociales y culturales.
  12. el apoyo preferente a los connacionales en los planes de la reforma agraria;
  13. la educaci贸n del agricultor y la de su familia, a fin de capacitarlos como agentes activos del desarrollo nacional;
  14. la creaci贸n de centros regionales para el estudio y tipificaci贸n agrol贸gica de suelos, para establecer los rubros agr铆colas en las regiones aptas;
  15. la adopci贸n de pol铆ticas que estimulen el inter茅s de la poblaci贸n en las tareas agropecuarias, creando centros de capacitaci贸n profesional en 谩reas rurales, y
  16. el fomento de la migraci贸n interna, atendiendo a razones demogr谩ficas, econ贸micas y sociales.

Art铆culo 116 – DE LOS LATIFUNDIOS IMPRODUCTIVOS

Con el objeto de eliminar progresivamente los latifundios improductivos, la ley atender谩 a la aptitud natural de las tierras, a las necesidades del sector de poblaci贸n vinculado con la agricultura y a las previsiones aconsejables para el desarrollo equilibrado de las actividades agr铆colas, agropecuarias, forestales e industriales, as铆 como al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la preservaci贸n del equilibrio ecol贸gico.

La expropiaci贸n de los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria ser谩n establecidas en cada caso por la ley, y se abonar谩 en la forma y en el plazo que la misma determine.

CAP脥TULO X – DE LOS DERECHOS Y DE LOS DEBERES POL脥TICOS

Art铆culo 117 – DE LOS DERECHOS POL脥TICOS

Los ciudadanos, sin distinci贸n de sexo, tienen el derecho a participar en los asuntos p煤blicos, directamente o por medio de sus representantes, en la forma que determine esta Constituci贸n y las leyes.

Se promover谩 el acceso de la mujer a las funciones p煤blicas.

Art铆culo 118 – DEL SUFRAGIO

El sufragio es derecho, deber y funci贸n p煤blica del elector.

Constituye la base del r茅gimen democr谩tico y representativo. Se funda en el voto universal, libre, directo, igual y secreto; en el escrutinio p煤blico y fiscalizado, y en el sistema de representaci贸n proporcional.

Art铆culo 119 – DEL SUFRAGIO EN LAS ORGANIZACIONES INTERMEDIAS

Para las elecciones en las organizaciones intermedias, pol铆ticas, sindicales y sociales, se aplicar谩n los mismos principios y normas del sufragio.

Art铆culo 120 – DE LOS ELECTORES

Son electores los ciudadanos paraguayos radicados en el territorio nacional, sin distinci贸n, que hayan cumplido diez y ocho a帽os.

Los ciudadanos son electores y elegibles, sin m谩s restricciones que las establecidas en esta Constituci贸n y en la ley.

 Los extranjeros con radiaci贸n definitiva tendr谩n los mismos derechos en las elecciones municipales.

Fue enmendado por el Refer茅ndum del 09 de octubre 2011, quedando redactado de la siguiente forma:

芦Son electores los ciudadanos paraguayos, sin distinci贸n, que hayan cumplido los diez y ocho a帽os. Los paraguayos residentes en el extranjero son electores.

Los ciudadanos son electores y elegibles, sin m谩s restricciones que las establecidas en esta Constituci贸n y en la Ley.

Los extranjeros con radicaci贸n definitiva tendr谩n los mismos derechos en las elecciones municipales.禄

Art铆culo 121 – DEL REFER脡NDUM

El refer茅ndum legislativo, decidido por ley, podr谩 o no ser vinculante. Esta instituci贸n ser谩 reglamentada por ley.

Art铆culo 122 – DE LAS MATERIAS QUE NO PODR脕N SER OBJETO DE REFER脡NDUM

No podr谩n ser objeto de refer茅ndum:

  1. Las relaciones internacionales, tratados, convenios o acuerdos internacionales;
  2. las expropiaciones;
  3. la defensa nacional;
  4. la limitaci贸n de la propiedad inmobiliaria;
  5. las cuestiones relativas a los sistemas tributarios, monetarios y bancarios, la contrataci贸n de empr茅stitos, el Presupuestos General de la Naci贸n, y
  6. las elecciones nacionales, las departamentales y las municipales.

Art铆culo 123 – DE LA INICIATIVA POPULAR

Se reconoce a los electores el derecho a la iniciativa popular para proponer al Congreso proyectos de ley. La forma de las propuestas, as铆 como el n煤mero de electores que deban suscribirlas, ser谩n establecidas en la ley.

Art铆culo 124 – DE LA NATURALEZA Y DE LAS FUNCIONES DE LOS PARTIDOS POL脥TICOS

Los partidos pol铆ticos son personas jur铆dicas de derecho p煤blico. Deben expresar el pluralismo y concurrir a la formaci贸n de las autoridades electivas, a la orientaci贸n de la pol铆tica nacional, departamental o municipal y a la formaci贸n c铆vica de los ciudadanos.

Art铆culo 125 – DE LA LIBERTAD DE ORGANIZACI脫N EN PARTIDOS O EN MOVIMIENTOS POL脥TICOS

Todos los ciudadanos tienen el derecho a asociarse libremente en partidos y o en movimientos pol铆ticos para concurrir, por m茅todos democr谩ticos, a la elecci贸n de las autoridades previstas en esta Constituci贸n y en las leyes, as铆 como en la orientaci贸n de la pol铆tica nacional. La ley reglamentar谩 la constituci贸n y el funcionamiento de los partidos y movimientos pol铆ticos, a fin de asegurar el car谩cter democr谩tico de los mismos.

S贸lo se podr谩 cancelar la personalidad jur铆dica de los partidos y movimientos pol铆ticos en virtud de sentencia judicial.

Art铆culo 126 – DE LAS PROHIBICIONES A LOS PARTIDOS Y A LOS MOVIMIENTOS POL脥TICOS

Los partidos y los movimientos pol铆ticos, en su funcionamiento, no podr谩n:

  1. recibir auxilio econ贸mico, directivas o instrucciones de organizaciones o Estados extranjeros;
  2. establecer estructuras que, directa o indirectamente, impliquen la utilizaci贸n o la apelaci贸n a la violencia como metodolog铆a del quehacer pol铆tico, y
  3. constituirse con fines de sustituir por la fuerza el r茅gimen de libertad y de democracia, o de poner en peligro la existencia de la Rep煤blica.

CAP脥TULO XI – DE LOS DEBERES

Art铆culo 127 – DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Toda persona est谩 obligada al cumplimiento de la ley, la cr铆tica a las leyes es libre, pero no est谩 permitido predicar su desobediencia.

Art铆culo 128 – DE LA PRIMAC脥A DEL INTER脡S GENERAL Y DEL DEBER DE COLABORAR

En ning煤n caso el inter茅s de los particulares primar谩 sobre el inter茅s general. todos los habitantes deben colaborar en bien del pa铆s, prestando los servicios y desempe帽ando las funciones definidas como carga p煤blica, que determinen esta Constituci贸n y la ley.

Art铆culo 129 – DEL SERVICIO MILITAR

Todo paraguayo tiene la obligaci贸n de prepararse y de prestar su concurso para la defensa armada de la Patria.

A tal objeto, se establece el servicio militar obligatorio. La ley regular谩 las condiciones en que se har谩 efectivo este deber.

El servicio militar deber谩 cumplirse con plena dignidad y respeto hacia la persona. En tiempo de paz, no podr谩 exceder de doce meses.

Las mujeres no prestar谩n servicio militar sino como auxiliares, en caso de necesidad, durante conflicto armado internacional.

Quienes declaren su objeci贸n de conciencia prestar谩n servicio en beneficio de la poblaci贸n civil, a trav茅s de centros asistenciales designados por ley y bajo jurisdicci贸n civil. La reglamentaci贸n y el ejercicio de este derecho no deber谩n tener car谩cter punitivo ni impondr谩n grav谩menes superiores a los establecidos para el servicio militar.

Se proh铆be el servicio militar personal no determinado en la ley, o para beneficio o lucro particular de personas o entidades privadas.

La ley reglamentar谩 la contribuci贸n de los extranjeros a la defensa nacional.

Art铆culo 130 – DE LOS BENEM脡RITOS DE LA PATRIA

Los veteranos de la guerra del Chaco, y los de otros conflictos armados internacionales que se libren en defensa de la Patria, gozar谩n de honores y privilegios; de pensiones que les permitan vivir decorosamente; de asistencia preferencial, gratuita y completa a su salud, as铆 como de otros beneficios, conforme con lo que determine la ley.

En los beneficios econ贸micos les suceder谩n sus viudas e hijos menores o discapacitados, incluidos los de los veteranos fallecidos con anterioridad a la promulgaci贸n de esta Constituci贸n.

Los beneficios acordados a los benem茅ritos de la Patria no sufrir谩n restricciones y ser谩n de vigencia inmediata, sin m谩s requisito que su certificaci贸n fehaciente.

Los ex prisioneros de guerra bolivianos, quienes desde la firma del Tratado de Paz hubiesen optado por integrarse definitivamente al pa铆s, quedan equiparados a los veteranos de la guerra del chaco, en los beneficios econ贸micos y prestaciones asistenciales.

CAP脥TULO XII – DE LAS GARANT脥AS CONSTITUCIONALES

Art铆culo 131 – DE LAS GARANT脥AS

Para hacer efectivos los derechos consagrados en esta Constituci贸n, se establecen las garant铆as contenidas en este cap铆tulo, las cuales ser谩n reglamentadas por la ley.

Art铆culo 132 – DE LA INCONSTITUCIONALIDAD

La corte suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jur铆dicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Constituci贸n y en la ley.

Art铆culo 133 – DEL H脕BEAS CORPUS

Esta garant铆a podr谩 ser interpuesto por el afectado, por s铆 o por interp贸sita persona, sin necesidad de poder por cualquier medio fehaciente, y ante cualquier Juez de Primera Instancia de la circunscripci贸n judicial respectiva.

El H谩beas Corpus podr谩 ser:

  1. Preventivo: en virtud del cual toda persona, en trance inminente de ser privada ilegalmente de su libertad f铆sica, podr谩 recabar el examen de la legitimidad de las circunstancias que, a criterio del afectado, amenacen su libertad, as铆 como una orden de cesaci贸n de dichas restricciones.
  2. Reparador: en virtud del cual toda persona que se hallase ilegalmente privada de su libertad puede recabar la rectificaci贸n de las circunstancias del caso. El magistrado ordenar谩 la comparecencia del detenido, con un informe del agente p煤blico o privado que lo detuvo, dentro de las veinticuatro horas de radicada la petici贸n. Si el requerido no lo hiciese as铆, el Juez se constituir谩 en el sitio en el que se halle recluida la persona, y en dicho lugar har谩 juicio de m茅ritos y dispondr谩 su inmediata libertad, igual que si se hubiere cumplido con la presentaci贸n del detenido y se haya radicado el informe. Si no existiesen motivos legales que autoricen la privaci贸n de su libertad, la dispondr谩 de inmediato; si hubiese orden escrita de autoridad judicial, remitir谩 los antecedentes a quien dispuso la detenci贸n.
  3. Gen茅rico: en virtud del cual se podr谩n demandar rectificaci贸n de circunstancias que, no estando contempladas en los dos casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. Asimismo, esta garant铆a podr谩 interponerse en casos de violencia f铆sica, ps铆quica o moral que agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su libertad.

La ley reglamentar谩 las diversas modalidades del h谩beas corpus, las cuales proceder谩n incluso, durante el Estado de excepci贸n. El procedimiento ser谩 breve, sumario y gratuito, pudiendo ser iniciado de oficio.

Art铆culo 134 – DEL AMPARO

Toda persona que por un acto u omisi贸n, manifiestamente ileg铆timo, de una autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o garant铆as consagradas en esta Constituci贸n o en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la v铆a ordinaria, puede promover amparo ante el magistrado competente. el procedimiento ser谩 breve, sumario, gratuito, y de acci贸n popular para los casos previstos en la ley.

El magistrado tendr谩 facultad para salvaguardar el derecho o garant铆a, o para restablecer inmediatamente la situaci贸n jur铆dica infringida.

Si se tratara de una cuesti贸n electoral, o relativa a organizaciones pol铆ticas, ser谩 competente la justicia electoral.

El Amparo no podr谩 promoverse en la tramitaci贸n de causas judiciales, ni contra actos de 贸rganos judiciales, ni en el proceso de formaci贸n, sanci贸n y promulgaci贸n de las leyes.

La ley reglamentar谩 el respectivo procedimiento. Las sentencias reca铆das en el Amparo no causar谩n estado.

Art铆culo 135 – DEL HABEAS DATA

Toda persona puede acceder a la informaci贸n y a los datos que sobre si misma, o sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de car谩cter p煤blico, as铆 como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Podr谩 solicitar ante el magistrado competente la actualizaci贸n, la rectificaci贸n o la destrucci贸n de aquellos, si fuesen err贸neos o afectaran ileg铆timamente sus derechos.

Art铆culo 136 – DE LA COMPETENCIA Y DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS

Ning煤n magistrado judicial que tenga competencia podr谩 negarse a entender en las acciones o recursos previstos en los art铆culos anteriores; si lo hiciese injustificadamente, ser谩 enjuiciado y, en su caso, removido.

En las decisiones que dicte, el magistrado judicial deber谩 pronunciarse tambi茅n sobre las responsabilidades en que hubieran incurrido las autoridades por obra del proceder ileg铆timo y, de mediar circunstancias que prima facie evidencien la perpetraci贸n de delito, ordenar谩 la detenci贸n o suspensi贸n de los responsables, as铆 como toda medida cautelar que sea procedente para la mayor efectividad de dichas responsabilidades. Asimismo, si tuviese competencia, instruir谩 el sumario, pertinente y dar谩 intervenci贸n al Ministerio P煤blico; si no la tuviese, pasar谩 los antecedentes al magistrado competente par su prosecuci贸n.

PARTE II – DEL ORDENAMIENTO POL脥TICO DE LA REP脷BLICA

T脥TULO I – DE LA NACI脫N Y DEL ESTADO

CAP脥TULO I – DE LAS DECLARACIONES GENERALES

Art铆culo 137 – DE LA SUPREMAC脥A DE LA CONSTITUCI脫N

La ley suprema de la Rep煤blica es la Constituci贸n. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jur铆dicas de inferior jerarqu铆a, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelaci贸n enunciado.

Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constituci贸n, incurrir谩 en los delitos que se tipificar谩n y penar谩n en la ley.

Esta Constituci贸n no perder谩 su vigencia ni dejar谩 de observarse por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone.

Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constituci贸n.

Art铆culo 138 – DE LA VALIDEZ DEL ORDEN JUR脥DICO

Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores, por todos los medios a su alcance. En la hip贸tesis de que esa persona o grupo de personas, invocando cualquier principio o representaci贸n contraria a esta constituci贸n, detenten el poder p煤blico, sus actos se declaren nulos y sin ning煤n valor, no vinculantes y, por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresi贸n, queda dispensado de su cumplimiento.

Los estados extranjeros que, por cualquier circunstancia, se relacionen con tales usurpadores no podr谩n invocar ning煤n pacto, tratado ni acuerdo suscrito o autorizado por el gobierno usurpador, para exigirlo posteriormente como obligaci贸n o compromiso de la Rep煤blica del Paraguay.

Art铆culo 139 – DE LOS S脥MBOLOS

Son s铆mbolos de la Rep煤blica del Paraguay:

  1. el pabell贸n de la Rep煤blica;
  2. el sello nacional, y
  3. el himno nacional.

La ley reglamentar谩 las caracter铆sticas de los s铆mbolos de la Rep煤blica no previstos en la resoluci贸n del Congreso General Extraordinario del 25 de noviembre de 1842, y determinando su uso.

Art铆culo 140 – DE LOS IDIOMAS

El Paraguay es un pa铆s pluricultural y biling眉e.

Son idiomas oficiales el castellano y el guaran铆. La ley establecer谩 las modalidades de utilizaci贸n de uno y otro.

Las lenguas ind铆genas, as铆 como las de otras minor铆as, forman parte del patrimonio cultural de la Naci贸n.

CAP脥TULO II – DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Art铆culo 141 – DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Los tratados internacionales v谩lidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificaci贸n fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarqu铆a que determina el Art铆culo 137.

Art铆culo 142 – DE LA DENUNCIA DE LOS TRATADOS

Los tratados internacionales relativos a los derechos humanos no podr谩n ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda de esta Constituci贸n.

Art铆culo 143 – DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

La Rep煤blica del Paraguay, en sus relaciones internacionales, acepta el derecho internacional y se ajusta a los siguientes principios:

  1. la independencia nacional;
  2. la autodeterminaci贸n de los pueblos;
  3. la igualdad jur铆dica entre los Estados;
  4. la solidaridad y la cooperaci贸n internacional;
  5. la protecci贸n internacional de los derechos humanos;
  6. la libre navegaci贸n de los r铆os internacionales;
  7. la no intervenci贸n, y
  8. la condena a toda forma de dictadura, colonialismo e imperialismo.

Art铆culo 144 – DE LA RENUNCIA A LA GUERRA

La Rep煤blica del Paraguay renuncia a la guerra, pero sustenta el principio de la leg铆tima defensa. Esta declaraci贸n es compatible con los derechos y obligaciones del Paraguay en su car谩cter de miembro de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas y de la Organizaci贸n de Estados Americanos, o como parte en tratados de integraci贸n.

Art铆culo 145 – DEL ORDEN JUR脥DICO SUPRANACIONAL

La Rep煤blica del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros Estados, admite un orden jur铆dico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperaci贸n y del desarrollo, en lo pol铆tico, econ贸mico, social y cultural.

Dichas decisiones s贸lo podr谩n adoptarse por mayor铆a absoluta de cada C谩mara del Congreso.

CAP脥TULO III – DE LA NACIONALIDAD Y DE LA CIUDADAN脥A

Art铆culo 146 – DE LA NACIONALIDAD NATURAL

Son de nacionalidad paraguaya natural:

  1. las personas nacidas en el territorio de la Rep煤blica;
  2. los hijos de madre o padre paraguayo quienes, hall谩ndose uno o ambos al servicio de la Rep煤blica, nazcan en el extranjero;
  3. los hijos de madre o padre paraguayo nacidos en el extranjero, cuando aqu茅llos se radiquen en la Rep煤blica en forma permanente, y
  4. los infantes de padres ignorados, recogidos en el territorio de la Rep煤blica.

La formalizaci贸n del derecho consagrado en el inciso 3. se efectuar谩 por simple declaraci贸n del interesado, cuando 茅ste sea mayor de dieciocho a帽os. Si no los hubiese cumplido a煤n, la declaraci贸n de su representante legal tendr谩 validez hasta dicha edad, quedando sujeta a ratificaci贸n por el interesado.

Art铆culo 147 – DE LA NO PRIVACI脫N DE LA NACIONALIDAD NATURAL

Ning煤n paraguayo natural ser谩 privado de su nacionalidad, pero podr谩 renunciar voluntariamente a ella.

Art铆culo 148 – DE LA NACIONALIDAD POR NATURALIZACI脫N

Los extranjeros podr谩n obtener la nacionalidad paraguaya por naturalizaci贸n si re煤nen los siguientes requisitos:

  1. mayor铆a de edad:
  2. radicaci贸n m铆nima de tres a帽os en territorio nacional;
  3. ejercicio en el pa铆s de alguna profesi贸n, oficio, ciencia, arte o industria, y
  4. buena conducta, definida en la ley.

Art铆culo 149 – DE LA NACIONALIDAD M脷LTIPLE

La nacionalidad m煤ltiple podr谩 ser admitida mediante tratado internacional por reciprocidad de rango constitucional entre los Estados del natural de origen y del de adopci贸n.

Art铆culo 150 – DE LA PERDIDA DE LA NACIONALIDAD

Los paraguayos naturalizados pierden la nacionalidad en virtud de ausencia injustificada de la Rep煤blica por m谩s de tres a帽os, declarada judicialmente, o por la adquisici贸n voluntaria de otra nacionalidad.

Art铆culo 151 – DE LA NACIONALIDAD HONORARIA

Podr谩n ser distinguidos con la nacionalidad honoraria, por ley del congreso, los extranjeros que hubiesen prestado servicios eminentes a la Rep煤blica.

Art铆culo 152 – DE LA CIUDADAN脥A

Son ciudadanos:

  1. toda persona de nacionalidad paraguaya natural, desde los dieciocho a帽os de edad, y
  2. toda persona de nacionalidad paraguaya por naturalizaci贸n, despu茅s de dos a帽os de haberla obtenido.

Art铆culo 153 – DE LA SUSPENSI脫N DEL EJERCICIO DE LA CIUDADAN脥A

Se suspende el ejercicio de la ciudadan铆a:

  1. por la adopci贸n de otra nacionalidad, salvo reciprocidad internacional;
  2. por incapacidad declarada en juicio, que impida obrar libremente y con discernimiento, y
  3. cuando la persona se hallara cumpliendo condena judicial, con pena privativa de libertad.

La suspensi贸n de la ciudadan铆a concluye al cesar legalmente la causa que la determina.

Art铆culo 154 – DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL

La ley establecer谩 las normas sobre adquisici贸n, recuperaci贸n y opci贸n de la nacionalidad, as铆 como sobre la suspensi贸n de la ciudadan铆a.

El Poder Judicial tendr谩 competencia exclusiva para entender en estos casos.

CAP脥TULO IV – DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REP脷BLICA

SECCI脫N I – DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art铆culo 155 – DEL TERRITORIO, DE LA SOBERAN脥A Y DE LA INENAJENABILIDAD

El territorio nacional jam谩s podr谩 ser cedido, transferido, arrendad, ni en forma alguna enajenado, a煤n temporalmente, a ninguna potencia extranjera. Los Estados que mantengan relaciones diplom谩ticas con la Rep煤blica, as铆 como los organismos internacionales de los cuales ella forma parte, s贸lo podr谩n adquirir los inmuebles necesarios para la sede de sus representaciones, de acuerdo con las prescripciones de la ley. En estos casos, quedar谩 siempre a salvo la soberan铆a nacional sobre el suelo.

Art铆culo 156 – DE LA ESTRUCTURA POL脥TICA Y LA ADMINISTRATIVA

A los efectos de la estructuraci贸n pol铆tica y administrativa del Estado, el territorio nacional se divide en departamentos, municipios y distritos, los cuales, dentro de los l铆mites de esta Constituci贸n y de las leyes, gozan de autonom铆a pol铆tica, administrativa y normativa para la gesti贸n de sus intereses, y de autarqu铆a en la recaudaci贸n e inversi贸n de sus recursos.

Art铆culo 157 – DE LA CAPITAL

La Ciudad de la Asunci贸n es la Capital de la Rep煤blica y asiento de los poderes del Estado. Se constituye en Municipio, y es independiente de todo Departamento. La ley fijar谩 sus l铆mites.

Art铆culo 158 – DE LOS SERVICIOS NACIONALES

La creaci贸n y el funcionamiento de servicios de car谩cter nacional en la jurisdicci贸n de los departamentos y de los municipios ser谩n autorizadas por ley.

Podr谩n establecerse igualmente servicios departamentales, mediante acuerdos entre los respectivos departamentos y municipios.

Art铆culo 159 – DE LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

La creaci贸n, la fusi贸n o la modificaci贸n de los departamentos y sus capitales, los municipios y los distritos, en sus casos, ser谩n determinadas por la ley, atendiendo a las condiciones socioecon贸micas, demogr谩ficas, ecol贸gicas, culturales e hist贸ricas de los mismos.

Art铆culo 160 – DE LAS REGIONES

Los departamentos podr谩n agruparse en regiones, para el mejor desarrollo de sus respectivas comunidades. Su constituci贸n y su funcionamiento ser谩n regulados por la ley.

SECCI脫N II – DE LOS DEPARTAMENTOS

Art铆culo 161 – DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL

El gobierno de cada departamento ser谩 ejercido por un gobernador y por una junta departamental. Ser谩n electos por voto directo de los ciudadanos radicados en los respectivos departamentos, en comicios coincidentes con las elecciones generales, y durar谩n cinco a帽os en sus funciones.

El gobernador representa al Poder Ejecutivo en la ejecuci贸n de la pol铆tica nacional. No podr谩 ser electo.

La ley determinar谩 la composici贸n y las funciones de las juntas departamentales.

Art铆culo 162 – DE LOS REQUISITOS

Para ser gobernador ser requiere:

  1. ser paraguayo natural;
  2. tener treinta a帽os cumpliendo, y
  3. ser nativo del departamento y con radicaci贸n en el mismo por un a帽o cuanto menos. En el caso de que el candidato no sea oriundo del departamento, deber谩 estar radicado en 茅l durante cinco a帽os como m铆nimo. Ambos plazos se contar谩n inmediatamente antes de las elecciones.

Las inhabilidades para candidatos a gobernadores ser谩n las mismas que para Presidente y Vicepresidente de la Rep煤blica.

 Para ser miembro de la junta departamental rigen los mismos requisitos establecidos para cargo de gobernador, con excepci贸n de la edad, que deber谩 ser la de veinticinco a帽os cumplidos.

Art铆culo 163 – DE LA COMPETENCIA

Es de competencia del gobierno departamental:

  1. coordinar sus actividades con las de las distintas municipalidades del departamento; organizar los servicios departamentales comunes, tales como obras p煤blicas, provisi贸n de energ铆a, de agua potable y los dem谩s que afecten conjuntamente a m谩s de un Municipio, as铆 como promover las asociaciones de cooperaci贸n entre ellos;
  2. preparar el plan de desarrollo departamental, que deber谩 coordinarse con el Plan Nacional de Desarrollo, y elaborar la formulaci贸n presupuestaria anual, a considerarse en el Presupuesto General de la Naci贸n;
  3. coordinar la acci贸n departamental con las actividades del gobierno central, en especial lo relacionado con las oficinas de car谩cter nacional del departamento, primordialmente en el 谩mbito de la salud y en el de la educaci贸n;
  4. disponer la integraci贸n de los Consejos de Desarrollo Departamental, y
  5. las dem谩s competencias que fijen esta Constituci贸n y la ley.

Art铆culo 164 – DE LOS RECURSOS

Los recursos de la administraci贸n departamental son:

  1. la porci贸n correspondiente de impuestos, tasas y contribuciones que se definan y regulen por esta constituci贸n y por la ley;
  2. las asignaciones o subvenciones que les destinen el Gobierno nacional;
  3. las rentas propias determinadas por ley, as铆 como las donaciones y los legados, y
  4. los dem谩s recursos que fije la ley.

Art铆culo 165 – DE LA INTERVENCI脫N

Los departamentos y las municipalidades podr谩n ser intervenidos por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la C谩mara de Diputados, en los siguientes casos:

  1. a solicitud de la junta departamental o de la municipal, por decisi贸n de la mayor铆a absoluta;
  2. por desintegraci贸n de la junta departamental o de la municipal, que imposibilite su funcionamiento, y
  3. por grave irregularidad en la ejecuci贸n del presupuesto o en la administraci贸n de sus bienes, previo dictamen de la Contralor铆a General de la Rep煤blica.

La intervenci贸n no se prolongar谩 por m谩s de noventa d铆as, y si de ella resultase la existencia del caso previsto en el inciso 3., la C谩mara de Diputados por mayor铆a absoluta, podr谩 destituir al gobernador o al intendente, o la junta departamental o la municipal, debiendo el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocar a nuevos comicios para constituir las autoridades que reemplacen a las que hayan cesado en sus funciones, dentro de los noventa d铆as siguientes a la resoluci贸n dictada por la C谩mara de Diputados.

SECCI脫N III – DE LOS MUNICIPIOS

Art铆culo 166 – DE LA AUTONOM脥A

Las municipalidades son los 贸rganos de gobierno local con personer铆a jur铆dica que, dentro de su competencia, tienen autonom铆a pol铆tica, administrativa y normativa, as铆 como autarqu铆a en la recaudaci贸n e inversi贸n de sus recursos.

Art铆culo 167 – DEL GOBIERNO MUNICIPAL

El gobierno de los municipios estar谩 a cargo de un intendente y de una junta municipal, los cuales ser谩n electos en sufragio directo por las personas habilitadas legalmente.

Art铆culo 168 – DE LAS ATRIBUCIONES

Ser谩n atribuciones de las municipalidades, en su jurisdicci贸n territorial y con arreglo a la ley:

  1. la libre gesti贸n en materias de su competencia, particularmente en las de urbanismo, ambiente, abasto, educaci贸n, cultura, deporte, turismo, asistencia sanitaria y social, instituciones de cr茅dito, cuerpos de inspecci贸n y de polic铆a;
  2. la administraci贸n y la disposici贸n de sus bienes;
  3. la elaboraci贸n de su presupuesto de ingresos y egresos;
  4. la participaci贸n en las rentas nacionales;
  5. la regulaci贸n del monto de las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, no pudiendo sobrepasar el costo de los mismos;
  6. el dictado de ordenanzas, reglamentos y resoluciones;
  7. el acceso al cr茅dito privado y al cr茅dito p煤blico, nacional e internacional;
  8. la reglamentaci贸n y la fiscalizaci贸n del tr谩nsito, del transporte p煤blico y la de otras materias relativas a la circulaci贸n de veh铆culos, y
  9. las dem谩s atribuciones que fijen esta Constituci贸n y la ley.

Art铆culo 169 – DEL IMPUESTO INMOBILIARIO

Corresponder谩 a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa. Su recaudaci贸n ser谩 competencia de las municipalidades. El setenta por ciento de lo recaudado por cada municipalidad quedar谩 en propiedad de la misma, el quince por ciento en la del departamento respectivo y el quince por ciento restante ser谩 distribuido entre las municipalidades de menores recursos, de acuerdo con la ley.

Art铆culo 170 – DE LA PROTECCI脫N DE RECURSOS

Ninguna instituci贸n del Estado, ente aut贸nomo, aut谩rquico o descentralizado podr谩 apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades.

Art铆culo 171 – DE LAS CATEGOR脥AS Y DE LOS REG脥MENES

Las diferentes categor铆as y reg铆menes de municipalidades ser谩n establecidos por ley, atendiendo a las condiciones de poblaci贸n, de desarrollo econ贸mico, de situaci贸n geogr谩fica, ecol贸gica, cultural, hist贸rica y a otros factores determinantes de su desarrollo.

Las municipalidades podr谩n asociarse entre s铆 para encarar en com煤n la realizaci贸n de sus fines y, mediante ley, con municipalidades de otros pa铆ses.

CAP脥TULO V – DE LA FUERZA P脷BLICA

Art铆culo 172 – DE LA COMPOSICI脫N

La Fuerza P煤blica est谩 integrada, en forma exclusiva, por las fuerza militares y policiales.

Art铆culo 173 – DE LAS FUERZAS ARMADAS

Las Fuerzas Armadas de la Naci贸n constituye una instituci贸n nacional que ser谩 organizada con car谩cter permanente, profesional, no deliberante, obediente, subordinada a los poderes del Estado y sujeta a las disposiciones de esta constituci贸n y de las leyes. Su misi贸n es la de custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades leg铆timamente constituidas, conformes con esta Constituci贸n y las leyes. Su organizaci贸n y sus efectivos ser谩n determinados por la ley.

Los militares en servicio activo ajustar谩n su desempe帽o a las leyes y reglamentos, y no podr谩n afiliarse a partido o a movimiento pol铆tico alguno, ni realizar ning煤n tipo de actividad pol铆tica.

Art铆culo 174 – DE LOS TRIBUNALES MILITARES

Los tribunales militares solo juzgar谩n delitos o faltas de car谩cter militar, calificados como tales por la ley, y cometidos por militares en servicio activo. Sus fallos podr谩n ser recurridos ante la justicia ordinaria.

Cuando se trate de un acto previsto y penado, tanto por la ley penal com煤n como por la ley penal militar no ser谩 considerado como delito militar, salvo que hubiese sido cometido por un militar en servicio activo y en ejercicio de funciones castrenses. En caso de duda de si el delito es com煤n o militar, se lo considerar谩 como delito com煤n. S贸lo en caso de conflicto armado internacional, y en la forma dispuesta por la ley, estos tribunales podr谩n tener jurisdicci贸n sobre personas civiles y militares retirados.

Art铆culo 175 – DE LA POLIC脥A NACIONAL

La Polic铆a Nacional es una instituci贸n profesional, no deliberante, obediente, organizada con car谩cter permanente y en dependencia jer谩rquica del 贸rgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Naci贸n.

Dentro del marco de esta Constituci贸n y de las leyes, tiene la misi贸n de preservar el orden p煤blico legalmente establecido, as铆 como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevenci贸n de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo direcci贸n judicial, investigar los delitos. La ley reglamentar谩 su organizaci贸n y sus atribuciones.

El mando de la Polic铆a Nacional ser谩 ejercido por un oficial superior de su cuadro permanente. Los polic铆as en servicio activo no podr谩n afiliarse a partido o a movimiento pol铆tico alguno, ni realizar ning煤n tipo de actividad pol铆tica.

La creaci贸n de cuerpos de polic铆a independientes podr谩 ser establecida por ley, la cual fijar谩 sus atribuciones y respectivas competencias, en el 谩mbito municipal y en el de los otros poderes del Estado.

CAP脥TULO VI – DE LA POL脥TICA ECON脫MICA DEL ESTADO

SECCI脫N I – DEL DESARROLLO ECON脫MICO NACIONAL

Art铆culo 176 – DE LA POL脥TICA ECON脫MICA Y DE LA PROMOCI脫N DEL DESARROLLO

La pol铆tica econ贸mica tendr谩 como fines, fundamentalmente, la promoci贸n del desarrollo econ贸mico, social y cultural.

El Estado promover谩 el desarrollo econ贸mico mediante la utilizaci贸n racional de los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y sostenido de la econom铆a, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de la poblaci贸n. El desarrollo se fomentar谩 con programas globales que coordinen y orienten la actividad econ贸mica nacional.

Art铆culo 177 – DEL CAR脕CTER DE LOS PLANES DE DESARROLLO

Los planes nacionales de desarrollo ser谩n indicativos para el sector privado, y de cumplimiento obligatorio para el sector p煤blico.

SECCI脫N II – DE LA ORGANIZACI脫N FINANCIERA

Art铆culo 178 – DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

 Para el cumplimiento de sus fines, el Estado establece impuestos, tasas, contribuciones y dem谩s recursos; explota por s铆, o por medio de concesionarios los bienes de su dominio privado, sobre los cuales determina regal铆as, 芦royalties禄, compensaciones u otros derechos, en condiciones justas y convenientes para los intereses nacionales; organiza la explotaci贸n de los servicios p煤blicos y percibe el canon de los derechos que se estatuyan; contrae empr茅stitos internos o internacionales destinados a los programas nacionales de desarrollo; regula el sistema financiero del pa铆s, y organiza, fija y compone el sistema monetario.

Art铆culo 179 – DE LA CREACI脫N DE TRIBUTOS

Todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominaci贸n, ser谩 establecido exclusivamente por la ley, respondiendo a principios econ贸micos y sociales justos, as铆 como a pol铆ticas favorables al desarrollo nacional.

Es tambi茅n privativo de la ley determinar la materia imponible, los sujetos obligados y el car谩cter del sistema tributario.

Art铆culo 180 – DE LA DOBLE IMPOSICI脫N

No podr谩 ser objeto de doble imposici贸n el mismo hecho generador de la obligaci贸n tributaria. En las relaciones internacionales, el Estado podr谩 celebrar convenios que eviten la doble imposici贸n, sobre la base de la reciprocidad.

Art铆culo 181 – DE LA IGUALDAD DEL TRIBUTO

La igualdad es la base del tributo. Ning煤n impuesto tendr谩 car谩cter confiscatorio. Su creaci贸n y su vigencia atender谩n a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones generales de la econom铆a del pa铆s.

T脥TULO II – DE LA ESTRUCTURA Y DE LA ORGANIZACI脫N DEL ESTADO

CAP脥TULO I – DEL PODER LEGISLATIVO

SECCI脫N I – DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art铆culo 182 – DE LA COMPOSICI脫N

El Poder Legislativo ser谩 ejercido por el Congreso, compuesto de una C谩mara de senadores y otra de diputados.

Los miembros titulares y suplentes de ambas C谩maras ser谩n elegidos directamente por el pueblo; de conformidad con la ley.

Los miembros suplentes sustituir谩n a los titulares en caso de muerte, renuncia o inhabilidad de 茅stos, por el resto del per铆odo constitucional o mientras dure la inhabilidad, si ella fuere temporal. En los dem谩s casos, resolver谩 el reglamente de cada C谩mara.

Art铆culo 183 – DE LA REUNI脫N EN CONGRESO

S贸lo ambas C谩maras, reunidas en Congreso, tendr谩n los siguientes deberes y atribuciones:

  1. recibir el juramento o promesa, el asumir el cargo, del Presidente de la Rep煤blica, del Vicepresidente y de los miembros de la Corte Suprema de Justicia;
  2. conceder o denegar al Presidente de la Rep煤blica el permiso correspondiente, en los casos previstos por esta Constituci贸n;
  3. autorizar la entrada de fuerzas armadas extranjeras al territorio de la Rep煤blica y la salida la exterior de las nacionales, salvo casos de mera cortes铆a;
  4. recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otros pa铆ses, y
  5. los dem谩s deberes y atribuciones que fije esta Constituci贸n.

El Presidente de la C谩mara de Senadores y de la C谩mara de Diputados presidir谩n las reuniones del Congreso en car谩cter de Presidente y Vicepresidente, respectivamente.

Art铆culo 184 – DE LAS SESIONES

Ambas C谩maras del congreso se reunir谩n anualmente en sesiones ordinarias, desde el primero de julio de cada a帽o hasta el 30 de junio siguiente con un per铆odo de receso desde el veinte y uno de diciembre al primero de marzo, fecha 茅sta en la que rendir谩 su informe el Presidente de la Rep煤blica. Las dos C谩maras se convocar谩n a sesiones extraordinarias o prorrogar谩n sus sesiones por decisi贸n de la cuarta parte de los miembros de cualquiera de ellas; por resoluci贸n de los dos tercios de integrantes de la Comisi贸n Permanente del Congreso, o por decreto del Poder Ejecutivo. El Presidente del Congreso o el de la Comisi贸n Permanente deber谩n convocarlas en el t茅rmino perentorio de cuarenta y ocho horas.

 Las pr贸rrogas de sesiones ser谩 efectuadas del mismo modo. Las extraordinarias se convocar谩n para tratar un orden del d铆a determinado, y se clausurar谩n una vez que 茅ste haya sido agotado.

Art铆culo 185 – DE LAS SESIONES CONJUNTAS

Las C谩maras sesionar谩n conjuntamente en los casos previstos en esta Constituci贸n en el Reglamento del Congreso, donde se establecer谩n las formalidades necesarias.

El qu贸rum legal se formar谩 con la mitad m谩s uno del total de cada C谩mara. Salvo los casos en que esta Constituci贸n establece mayor铆as calificadas, las decisiones se tomar谩n por simple mayor铆a de votos de los miembros presentes.

Para las votaciones de las C谩maras del Congreso se entender谩 por simple mayor铆a la mitad m谩s uno de los miembros presentes; por mayor铆a de dos tercios, las dos terceras partes de los miembros presentes; por mayor铆a absoluta, el qu贸rum legal, y por mayor铆a absoluta de dos tercios, las dos terceras partes del n煤mero total de miembros de cada c谩mara.

Las disposiciones previstas en este Art铆culo se aplicar谩n tambi茅n a las sesiones de ambas c谩maras reunidas en Congreso.

El mismo r茅gimen de qu贸rum y mayor铆as se aplicar谩 a cualquier 贸rgano colegiado electivo previsto por esta Constituci贸n.

Art铆culo 186 – DE LAS COMISIONES

Las c谩maras funcionar谩n en pleno y en comisiones unicamerales o bicamerales.

Todas las comisiones se integrar谩n, en lo posible, proporcionalmente, de acuerdo con las bancadas representadas en las C谩maras.

Al inicio de las sesiones anuales de la legislatura, cada C谩mara designar谩 las comisiones asesoras permanentes. Estas podr谩n solicitar informes u opiniones de personas y entidades p煤blicas o privadas, a fin de producir sus dict谩menes o de facilitar el ejercicio de las dem谩s facultades que corresponden al Congreso.

Art铆culo 187 – DE LA ELECCI脫N Y DE LA DURACI脫N

Los senadores y diputados titulares y suplentes ser谩n elegidos en comicios simult谩neos con los presidenciales.

Los legisladores durar谩n cinco a帽os en su mandato, a partir del primero de julio y podr谩n ser reelectos.

Las vacancias definitivas o temporarias de la C谩mara de Diputados ser谩n cubiertas por los suplentes electos en el mismo departamento, y las de la C谩mara de Senadores por los suplentes de la lista proclamada por la Justicia Electoral.

Art铆culo 188 – DEL JURAMENTO O PROMESA

 En el acto de su incorporaci贸n a las c谩maras, los senadores y diputados prestar谩n juramento o promesa de desempe帽arse debidamente en el cargo y de obrar de conformidad con lo que prescribe esta Constituci贸n.

Ninguna de las c谩maras podr谩 sesionar, deliberar o adoptar decisiones sin la presencia de la mayor铆a absoluta. Un n煤mero menor podr谩, sin embargo, compeler a los miembros ausentes a concurrir a las sesiones en los t茅rminos que establezca cada C谩mara.

Art铆culo 189 – DE LAS SENADUR脥AS VITALICIAS

Los ex presidentes de la Rep煤blica, electos democr谩ticamente, ser谩n senadores vitalicios de la Naci贸n, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio pol铆tico y hallados culpables. No integrar谩n el qu贸rum. Tendr谩n voz pero no voto.

Art铆culo 190 – DEL REGLAMENTO

Cada C谩mara redactar谩 su reglamento. Por mayor铆a de dos tercios podr谩 amonestar o a percibir cualquiera de sus miembros, por inconducta en el ejercicio de sus funciones, y suspenderlo hasta sesenta d铆as sin goce de dieta. Por mayor铆a absoluta podr谩 removerlo por incapacidad f铆sica o mental, declarada por la Corte Suprema de Justicia. En los casos de renuncia, se decidir谩 por simple mayor铆a de votos.

Art铆culo 191 – DE LAS INMUNIDADES

Ning煤n miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempe帽o de sus funciones. Ning煤n Senador o Diputado podr谩 ser detenido, desde el d铆a de su elecci贸n hasta el del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad interviniente lo pondr谩 bajo custodia en su residencia, dar谩 cuenta de inmediato del hecho a la C谩mara respectiva y al juez competentes, a quien remitir谩 los antecedentes a la brevedad.

Cuando se formase causa contra un Senador o un Diputado ante los tribunales ordinarios, el juez lo comunicar谩, con copia de los antecedentes, a la C谩mara respectiva, la cual examinar谩 el m茅rito del sumario, y por mayor铆a de dos tercios resolver谩 si ha lugar o no desafuero, para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspender谩 en sus fueros.

Art铆culo 192 – DEL PEDIDO DE INFORMES

Las C谩maras pueden solicitar a los dem谩s poderes del Estado, a los entes aut贸nomos, aut谩rquicos y descentralizados, y a los funcionarios p煤blicos, los informes sobre asuntos de inter茅s p煤blico que estimen necesarios, exceptuando la actividad jurisdiccional.

 Los afectados est谩n obligados a responder los pedidos de informe dentro del plazo que se les se帽ale, el cual no podr谩 ser menor de quince d铆as.

Art铆culo 193 – DE LA CITACI脫N Y DE LA INTERPELACI脫N

Cada C谩mara. por mayor铆a absoluta, podr谩 citar e interpelar individualmente a los ministros y a otros altos funcionarios de la Administraci贸n P煤blica, as铆 como a los directores y administradores de los entes aut贸nomos, aut谩rquicos y descentralizados, a los de entidades que administren fondos del Estado y a los de las empresas de participaci贸n estatal mayoritaria, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivas actividades. Las preguntas deben comunicarse al citado con una antelaci贸n m铆nima de cinco d铆as. Salvo justa causa, ser谩 obligatorio para los citados concurrir a los requerimientos, responder a las preguntas y brindar toda la informaci贸n que les fuese solicitada.

La ley determinar谩 la participaci贸n de la mayor铆a y de la minor铆a en la formulaci贸n de las preguntas.

No se podr谩 citar, interpelar al Presidente de la Rep煤blica, al Vicepresidente ni a los miembros del Poder Judicial, en materia jurisdiccional.

Art铆culo 194 – DEL VOTO DE CENSURA

Si el citado no concurriese a la C谩mara respectiva, o ella considerara insatisfactorias sus declaraciones, ambas C谩maras, por mayor铆a absoluta de dos tercios, podr谩 emitir un voto de censura en su contra y recomendar su remoci贸n del cargo al Presidente de la Rep煤blica o al superior jer谩rquico.

Si la moci贸n de censura no fuese aprobada, no se presentar谩 otra sobre el mismo tema respecto al mismo Ministro o funcionario citados, en ese per铆odo de sesiones.

Art铆culo 195 – DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACI脫N

Ambas C谩maras del congreso podr谩n construir comisiones conjuntas de investigaci贸n sobre cualquier asunto de inter茅s p煤blico, as铆 como sobre la conducta de sus miembros.

Los directores y administradores de los entes aut贸nomos, aut谩rquicos y descentralizados, los de las entidades que administren fondos del Estado, los de las empresas de participaci贸n estatal mayoritaria, los funcionarios p煤blicos y los particulares est谩n obligados a comparecer ante las dos C谩maras y suministrarles la informaci贸n y las documentaciones que se les requiera. La ley establecer谩 las sanciones por el incumplimiento de esta obligaci贸n.

El Presidente de la Rep煤blica, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y los magistrados judiciales, en materia jurisdiccional, no podr谩n ser investigados.

La actividad de las comisiones investigadoras no afectar谩 las atribuciones privativas del Poder Judicial, ni lesionar谩 los derechos y garant铆as consagrados por esta constituci贸n, sus conclusiones no ser谩n vinculantes para los tribunales ni menoscabar谩n las resoluciones judiciales, sin perjuicio del resultado de la investigaci贸n, que podr谩 ser comunicado a la justicia ordinaria.

Los jueces ordenar谩n, conforme a derecho, las diligencias y pruebas que se les requiera, a los efectos de la investigaci贸n.

Art铆culo 196 – DE LAS INCOMPATIBILIDADES

Podr谩n ser electos, pero no podr谩n desempe帽ar funciones legislativas, los asesores de reparticiones p煤blicas, los funcionarios y los dem谩s empleados a sueldo del Estado o de los municipios, cualquiera sea la denominaci贸n con que figuren y el concepto de sus retribuciones, mientras subsista la designaci贸n para dichos cargos.

Se except煤an de las incompatibilidades establecidas en este Art铆culo, el ejercicio parcial de la docencia y el de la investigaci贸n cient铆fica.

Ning煤n Senador o Diputado puede formar parte de empresas que exploten servicios p煤blicos o tengan concesiones del Estado, ni ejercer la asesor铆a jur铆dica o la representaci贸n de aquellas, por s铆 o por interp贸sita persona.

Art铆culo 197 – DE LAS INHABILIDADES

No pueden ser candidatos a senadores ni a diputados:

  1. los condenados por sentencia firme a penas privativas de libertas, mientras dure la condena;
  2. los condenados a penas de inhabilitaci贸n para el ejercicio de la funci贸n p煤blica, mientras dure aquella;
  3. los condenados por la comisi贸n de delitos electorales, por el tiempo que dure la condena;
  4. los magistrados judiciales, los representantes del Ministerio P煤blico, el Procurador General de la Rep煤blica, el Subcontador, y los miembros de la Justicia Electoral;
  5. los ministros o religiosos de cualquier credo;
  6. los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras, que sean concesionarias de servicios estatales, o de ejecuci贸n de obras o provisi贸n de bienes al Estado;
  7. los militares y polic铆as en servicio activo;
  8. los candidatos a Presidente de la Rep煤blica o a Vicepresidente, y
  9. los propietarios o copropietarios de los medios de comunicaci贸n.

Los ciudadanos afectados por las inhabilitaciones previstas en los incisos 4, 5, 6, y 7, y deber谩n cesar en su inhabilidad para ser candidatos noventa d铆as, por lo menos, antes de la fecha de inscripci贸n de sus listas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Art铆culo 198 – DE LA INHABILIDAD RELATIVA

No podr谩n ser electos senadores ni diputados los ministros del Poder ejecutivo; los subsecretarios de Estado; los presidentes de Consejos o administradores generales de los entes descentralizados, aut贸nomos, aut谩rquicos, binacionales o multinacionales, los de empresas con participaci贸n estatal mayoritaria, y los gobernadores e intendentes, si no renuncian a sus respectivos cargos y se les acepta las mismas por lo menos noventa d铆as antes de la fecha de las elecciones.

Art铆culo 199 – DE LOS PERMISOS

Los Senadores y diputados solo podr谩n aceptar cargos de Ministro o de diplom谩tico. Para desempe帽arlos, deber谩n solicitar permiso a la C谩mara respectiva, a la cual podr谩n reincorporarse al t茅rmino de aquellas funciones.

Art铆culo 200 – DE LA ELECCI脫N DE AUTORIDADES

Cada C谩mara constituir谩 sus autoridades y designar谩 a sus empleados.

Art铆culo 201 – DE LA PERDIDA DE LA INVESTIDURA

Los senadores y diputados perder谩n su investidura, adem谩s de los casos ya previstos, por las siguientes causas:

  1. la violaci贸n del r茅gimen de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en esta Constituci贸n, y
  2. el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.

Los senadores y diputados no estar谩n sujetos a mandatos imperativos.

Art铆culo 202 – DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES

Son deberes y atribuciones del Congreso:

  1. velar por la observancia de esta Constituci贸n, de las leyes;
  2. dictar los c贸digos y dem谩s leyes, modificarlos o derogarlos, interpretando esta Constituci贸n;
  3. establecer la divisi贸n pol铆tica del territorio de la Rep煤blica, as铆 como la organizaci贸n regional, departamental y municipal;
  4. legislar sobre materia tributaria;
  5. sancionar anualmente la ley del Presupuesto General de la Naci贸n;
  6. dictar la Ley Electoral;
  7. determinar el r茅gimen legal de la enajenaci贸n y el de adquisici贸n de los bienes fiscales, departamentales y municipales;
  8. expedir resoluciones y acuerdos internos, como asimismo formular declaraciones, conforme con sus facultades;
  9. aprobar o rechazar los tratados y dem谩s acuerdos internacionales suscritos por el Poder ejecutivo;
  10. aprobar o rechazar la contrataci贸n de empr茅stitos;
  11. autorizar, por tiempo determinado, concesiones para la explotaci贸n de servicios p煤blicos nacionales, multinacionales o de bienes del Estado, as铆 como para la extracci贸n y transformaci贸n de minerales s贸lidos, l铆quidos y gaseosos;
  12. dictar leyes para la organizaci贸n de la administraci贸n de la Rep煤blica, para la creaci贸n de entes descentralizados y para el ordenamiento del cr茅dito p煤blico;
  13. expedir leyes de emergencia en los casos de desastre o de calamidad p煤blica;
  14. recibir el juramento promesa constitucional del Presidente de la Rep煤blica, el del Vicepresidente y el de los dem谩s funcionarios, de acuerdo con lo establecido en esta Constituci贸n;
  15. recibir del Presidente de la Rep煤blica, un informe sobre la situaci贸n general del pa铆s, sobre su administraci贸n y sobre los planes de gobiernos; en la forma dispuesta en esta Constituci贸n;
  16. aceptar o rechazar la renuncia del Presidente de la Rep煤blica y la del Vicepresidente;
  17. prestar los acuerdos y efectuar los nombramientos que esta Constituci贸n prescribe, as铆 como las designaciones de representantes del Congreso en otros 贸rganos del Estado;
  18. conceder amnist铆as;
  19. decidir el traslado de la Capital de la Rep煤blica a otro punto del territorio nacional, por mayor铆a absoluta de dos tercios de los miembros de cada C谩mara;
  20. aprobar o rechazar, en todo o en parte y previo informe de la Contralor铆a General de la Rep煤blica, el detalle y la justificaci贸n de los ingresos y egresos de las finanzas p煤blicas sobre la ejecuci贸n presupuestaria;
  21. reglamentaria la navegaci贸n fluvial, la mar铆tima, la a茅rea y la espacial, y
  22. los dem谩s deberes y atribuciones que fije esta Constituci贸n.

SECCI脫N II – DE LA FORMACI脫N Y LA SANCI脫N DE LAS LEYES

Art铆culo 203 – DEL ORIGEN Y DE LA INICIATIVA

Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las C谩maras del Congreso, a propuestas de sus miembros; a proposici贸n del Poder ejecutivo; a iniciativa popular o a la de la Corte Suprema de Justicia, en los casos y en las condiciones previstas en esta Constituci贸n y en la ley.

Las excepciones en cuanto al origen de las leyes a favor de una u otra C谩mara o del Poder Ejecutivo son, en exclusividad, las establecidas expresamente en esta Constituci贸n.

Todo proyecto de ley ser谩 presentado con una exposici贸n de motivos.

Art铆culo 204 – DE LA APROBACI脫N Y DE LA PROMULGACI脫N DE LOS PROYECTOS

 Aprobado un proyecto de ley por la C谩mara de origen, pasar谩 inmediatamente para su consideraci贸n a la otra C谩mara. Si 茅sta, a su vez, lo aprobase, el proyecto quedar谩 sancionado y, si el Poder Ejecutivo le prestara su aprobaci贸n, lo promulgar谩 como ley y dispondr谩 su publicaci贸n dentro de los cinco d铆as.

Art铆culo 205 – DE LA PROMULGACI脫N AUTOM脕TICA

Se considerar谩 aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que no fuese objetado ni devuelto a la C谩mara de origen en el plazo de seis d铆a h谩biles, si el proyecto contiene hasta diez art铆culos; de doce d铆as h谩biles si los art铆culos son m谩s de viente. en todos estos casos, el proyecto quedar谩 autom谩ticamente promulgado y se dispondr谩 su publicaci贸n.

Art铆culo 206 – DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECHAZO TOTAL

Cuando un proyecto de ley, aprobado por una de las C谩maras, fuese rechazado totalmente por la otra, volver谩 a aquella para una nueva consideraci贸n. Cuando la C谩mara de origen se ratificase por mayor铆a absoluta, pasar谩 de nuevo a la revisora, la cual solo podr谩 volver a rechazarlo por mayor铆a absoluta de dos tercios y, de no obtenerla, se reputar谩 sancionado el proyecto.

Art铆culo 207 – DEL PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACI脫N PARCIAL

Un proyecto de ley aprobado por la C谩mara de origen, que haya sido parcialmente modificado por la otra, pasar谩 a la primera, donde solo se discutir谩 cada una de las modificaciones hechas por la revisora.

Para estos casos, se establece lo siguiente:

  1. si todas las modificaciones se aceptasen, el proyecto quedar谩 sancionado;
  2. si todas las modificaciones se rechazasen por mayor铆a absoluta, pasar谩n de nuevo a la C谩mara revisora y, si 茅sta se ratificase en su sanci贸n anterior por mayor铆a absoluta, el proyecto quedar谩 sancionado; si no se ratificase, quedar谩 sancionado el proyecto aprobado por la C谩mara de origen, y
  3. si por parte de las modificaciones fuesen aceptadas y otras rechazadas, el proyecto pasar谩 nuevamente a la C谩mara revisora, donde solo se discutir谩n en forma global las modificaciones rechazadas, y si se aceptasen por mayor铆a absoluta, o se las rechacen, el proyecto quedar谩 sancionado en la forma resuelta por ella.

El proyecto de ley sancionado, con cualquiera de las alternativas previstas en este Art铆culo, pasar谩 al Poder Ejecutivo para su promulgaci贸n.

Art铆culo 208 – DE LA OBJECI脫N PARCIAL

Un proyecto de ley, parcialmente objetado por el Poder Ejecutivo, ser谩 devuelto a la C谩mara de origen para su estudio y pronunciamiento sobre las objeciones. Si 茅sta C谩mara las rechazara por mayor铆a absoluta, el proyecto pasar谩 a la C谩mara revisora, donde seguir谩 igual tr谩mite. Si 茅sta tambi茅n rechazara dichas objeciones por la misma mayor铆a, la sanci贸n primitiva quedar谩 confirmada, y el Poder Ejecutivo lo promulgar谩 y lo publicar谩. Si las C谩maras desistieran sobre las objeciones, el proyecto no podr谩 repetirse en las sesiones de ese a帽o.

Las objeciones podr谩n ser total o parcialmente aceptadas o rechazadas por ambas C谩maras del Congreso. Si las objeciones fueran total o parcialmente aceptadas, ambas C谩maras podr谩n decidir, por mayor铆a absoluta, la sanci贸n de la parte no objetada del proyecto de ley, en cuyo caso 茅ste deber谩 ser promulgado y publicado por el Poder Ejecutivo.

Las objeciones ser谩n tratadas por la C谩mara de origen dentro de los sesenta d铆as de su ingreso a la misma, y en id茅ntico caso por la C谩mara revisora.

Art铆culo 209 – DE LA OBJECI脫N TOTAL

Si un proyecto de ley fuese rechazado totalmente por el Poder Ejecutivo, volver谩 a la C谩mara de origen, la cual lo discutir谩 nuevamente. Si 茅sta confirmara la sanci贸n inicial por mayor铆a absoluta, pasar谩 a la C谩mara revisora; si 茅sta tambi茅n lo aprobase por igual mayor铆a, el Poder Ejecutivo lo promulgar谩 y publicar谩. Si las C谩maras disintieran sobre el rechazo total, el proyecto no podr谩 repetirse en las sesiones de ese a帽o.

Art铆culo 210 – DEL TRATAMIENTO DE URGENCIA

El Poder Ejecutivo podr谩 solicitar el tratamiento urgente de proyectos de ley que env铆e al Congreso. En estos casos, el proyecto ser谩 tratado por la C谩mara de origen dentro de los treinta d铆as de su recepci贸n, y por la revisora en los treinta d铆as siguientes. El proyecto se tendr谩 por aprobado si no se lo rechazara dentro de los plazos se帽alados.

El tratamiento de urgencia podr谩 ser solicitado por el Poder Ejecutivo a煤n despu茅s de la remisi贸n del proyecto, o en cualquier etapa de su tr谩mite. En tales casos, el plazo empezar谩 a correr desde la recepci贸n de la solicitud.

Cada C谩mara, por mayor铆a de dos tercios, podr谩 dejar sin efecto, en cualquier momento, el tr谩mite de urgencia, en cuyo caso el ordinario se aplicar谩 a partir de ese momento.

El Poder Ejecutivo, dentro del per铆odo legislativo ordinario, podr谩 solicitar al Congreso 煤nicamente tres proyectos de ley de tratamiento urgente, salvo que la C谩mara de origen, por mayor铆a de dos tercios, acepte dar dicho tratamiento a otros proyectos.

Art铆culo 211 – DE LA SANCI脫N AUTOM脕TICA

Un proyecto de ley presentado en una C谩mara u otra, y aprobado por la C谩mara de origen en las sesiones ordinarias, pasar谩 a la C谩mara revisora, la cual deber谩 despacharlo dentro del t茅rmino improrrogable de tres mese, cumplido el cual, y mediando comunicaci贸n escrita del Presidente de la C谩mara de origen a la C谩mara revisora, se reputar谩 que 茅sta le ha prestado su voto favorable, pasando al Poder Ejecutivo para su promulgaci贸n y publicaci贸n. El t茅rmino indicado quedar谩 interrumpido desde el veintiuno de diciembre hasta el primero de marzo. La C谩mara revisora podr谩 despachar el proyecto de ley en el siguiente per铆odo de sesiones ordinarias, siempre que lo haga dentro del tiempo que resta para el vencimiento del plazo improrrogable de tres meses.

Art铆culo 212 – DEL RETIRO O DEL DESISTIMIENTO

El Poder Ejecutivo podr谩 retirar del Congreso los proyectos de ley que hubiera enviado, o desistir de ellos, salvo que estuviesen aprobados por la C谩mara de origen.

Art铆culo 213 – DE PUBLICACI脫N

La ley no obliga sino en virtud de su promulgaci贸n y su publicaci贸n. Si el Poder Ejecutivo no cumpliese el deber de hacer publicar las leyes en los t茅rminos y en las condiciones que esta Constituci贸n establece, el Presidente del congreso o, en su defecto, el Presidente de la C谩mara de Diputados, dispondr谩 su publicaci贸n.

Art铆culo 214 – DE LAS FORMULAS

La f贸rmula que se usar谩 en la sanci贸n de las leyes es: 芦El Congreso de la Naci贸n paraguaya sanciona con fuerza de ley禄. Para la promulgaci贸n de las mismas, la f贸rmula es: 芦T茅ngase por ley de la Rep煤blica, publ铆quese e ins茅rtese en el Registro Oficial禄.

Art铆culo 215 – DE LA COMISI脫N DELEGADA

Cada C谩mara, con el voto de la mayor铆a absoluta, podr谩 delegar en comisiones el tratamiento de proyectos de ley, de resoluciones y de declaraciones. Por simple mayor铆a, podr谩 retirarlos en cualquier estado antes de la aprobaci贸n, rechazo o sanci贸n por la comisi贸n.

 No podr谩n ser objetos de delegaci贸n el Presupuesto General de la Naci贸n, los c贸digos, los tratados internacionales, los proyectos de ley de car谩cter tributario y castrense, los que tuviesen relaci贸n con la organizaci贸n de los poderes del Estado y los que se originasen en la iniciativa popular.

Art铆culo 216 – DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACI脫N

El proyecto de Ley del Presupuesto General de la Naci贸n ser谩 presentado anualmente por el Poder Ejecutivo, a m谩s tardar el primero de septiembre, y su consideraci贸n por el Congreso tendr谩 prioridad absoluta. Se integrar谩 una comisi贸n bicameral la cual, recibido el proyecto, lo estudiar谩 y presentar谩 dictamen a sus respectivas C谩maras en un plazo no mayor de sesenta d铆as corridos. Recibidos los dict谩menes, la C谩mara de Diputados se abocar谩 al estudio del proyecto en sesiones plenarias, y deber谩 despacharlo en un plazo no mayor de quince d铆as corridos. La C谩mara de Senadores dispondr谩 de igual plazo para el estudio del proyecto, con las modificaciones introducidas por la C谩mara de Diputados, y si las aprobase, el mismo quedar谩 sancionado. En caso contrario, el proyecto volver谩 con las objeciones a la otra C谩mara, la cual se expedir谩 dentro del plazo de diez d铆as corridos, exclusivamente sobre los puntos discrepantes del Senado, procedi茅ndose en la forma prevista en el Art. 208, inciso 1., 2. y 3., siempre dentro del plazo de diez d铆as corridos.

Todos los plazos establecidos en este Art铆culo son perentorios, y la falta de despacho de cualquiera de los proyectos se entender谩 como aprobaci贸n. Las C谩maras podr谩n rechazar totalmente el proyecto presentado a su estudio por el Poder Ejecutivo, solo por mayor铆a absoluta de dos tercios en cada una de ellas.

Art铆culo 217 – DE LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO

Si el Poder Ejecutivo, por cualquier raz贸n, no hubiese presentado al Poder Legislativo el proyecto de Presupuesto General de la Naci贸n dentro de los plazos establecidos, o el mismo fuera rechazado conforme con el Art铆culo anterior, seguir谩 vigente el Presupuesto del ejercicio fiscal en curso.

SECCI脫N III – DE LA COMISI脫N PERMANENTE DEL CONGRESO

Art铆culo 218 – DE LA CONFORMACI脫N

Quince d铆as antes de entrar en receso, cada C谩mara designar谩 por mayor铆a absoluta a los senadores y a los diputados quienes, en n煤mero de seis y doce como titulares y tres y seis como suplentes, respectivamente, conformar谩n la comisi贸n Permanente del congreso, la cual ejercer谩 sus funciones desde el comienzo del per铆odo de receso del congreso hasta el reinicio de las sesiones ordinarias.

Reunidos los miembros titulares de la Comisi贸n Permanente, designar谩n Presidente y dem谩s autoridades, y de ello se dar谩 aviso escrito a los otros poderes del Estado.

Art铆culo 219 – DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES

Son deberes y atribuciones de la Comisi贸n Permanente del Congreso:

  1. velar por la observancia de esta Constituci贸n y de las leyes;
  2. dictar su propio reglamento;
  3. convocar a las C谩maras a sesiones preparatorias, con el objeto de que la apertura anual del congreso se efect煤e en tiempo oportuno;
  4. convocar y organizar las sesiones extraordinarias de ambas C谩maras, de conformidad con lo establecido en esta constituci贸n;
  5. autorizar al Presidente de la Rep煤blica, durante el receso del Congreso, a ausentarse temporalmente del territorio nacional, en los casos previstos en esta Constituci贸n, y
  6. los dem谩s deberes y atribuciones que fije esta Constituci贸n.

Art铆culo 220 – DE LOS INFORMES FINALES

La Comisi贸n Permanente del Congreso, al t茅rmino de su actuaci贸n, prestar谩 a cada C谩mara un informe final de las mismas, y ser谩 responsable ante 茅stas de las medidas que hubiese adoptado o autorizado.

SECCI脫N IV – DE LA C脕MARA DE DIPUTADOS

Art铆culo 221 – DE LA COMPOSICI脫N

La C谩mara de Diputados es la C谩mara de la representaci贸n departamental. Se compondr谩 de ochenta miembros titulares como m铆nimo, y de igual n煤mero de suplentes, elegidos directamente por el pueblo en colegios electorales departamentales. La ciudad de la Asunci贸n constituir谩 un Colegio Electoral con representaci贸n en dicha C谩mara. Los departamentos ser谩n representados por un diputado titular y un suplente, cuanto menos; el Tribunal Superior de Justicia Electoral, antes de cada elecci贸n y de acuerdo con el n煤mero de electores de cada departamento, establecer谩 el n煤mero de bancas que corresponda a cada uno de ellos. La ley podr谩 acrecentar la cantidad de diputados conforme con el aumento de los electores.

Para se electo diputado titular o suplente se requiere la nacionalidad paraguaya natural y haber cumplido veinticinco a帽os.

Art铆culo 222 – DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LA C脕MARA DE DIPUTADOS

Son atribuciones exclusivas de la C谩mara de Diputados:

  1. iniciar la consideraci贸n de los proyectos de ley relativos a la legislaci贸n departamental y a la municipal;
  2. designar o proponer a los magistrados y funcionarios, de acuerdo con lo que establece esta constituci贸n y la ley;
  3. prestar acuerdo para la intervenci贸n de los gobiernos departamentales y municipales, y
  4. las dem谩s atribuciones exclusivas que fije esta Constituci贸n.

SECCI脫N V – DE LA C脕MARA DE SENADORES

Art铆culo 223 – DE LA COMPOSICI脫N

La C谩mara de Senadores se compondr谩 de cuarenta y cinco miembros titulares como m铆nimo, y de treinta suplentes, elegidos directamente por el pueblo en una sola circunscripci贸n nacional. La ley podr谩 acrecentar la cantidad de senadores, conforme con el aumento de los electores.

Para ser electo senador titular o suplente se requieren la nacionalidad paraguaya natural y haber cumplido treinta y cinco a帽os.

Art铆culo 224 – DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LA C脕MARA DE SENADORES

Son atribuciones exclusivas de la C谩mara de Senadores:

  1. iniciar la consideraci贸n de los proyectos de ley relativos a la aprobaci贸n de tratados y de acuerdos internacionales;
  2. prestar acuerdo para los ascensos militares y los de la Polic铆a Nacional, desde el grado de Coronel del Ej茅rcito o su equivalente en las otras armas y servicios, y desde el de Comisario Principal para la Polic铆a Nacional;
  3. prestar acuerdo para la designaci贸n de los embajadores y ministros plenipotenciarios en el exterior;
  4. designar o proponer a los Magistrados y funcionarios de acuerdo con lo que establece esta constituci贸n;
  5. autorizar el env铆o de fuerzas militares paraguayas permanentes al exterior, as铆 como el ingreso de tropas militares extranjeras al pa铆s;
  6. prestar acuerdo para la designaci贸n del Presidente y los directores de la Banca Central del Estado;
  7. prestar acuerdo para la designaci贸n de los directores paraguayos de los entes binacionales, y
  8. las dem谩s atribuciones exclusivas que fije esta Constituci贸n.

SECCI脫N VI – DEL JUICIO POL脥TICO

Art铆culo 225 – DEL PROCEDIMIENTO

El Presidente de la Rep煤blica, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la Rep煤blica, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, s贸lo podr谩n ser sometidos a juicio pol铆tico por mal desempe帽o de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.

La acusaci贸n ser谩 formulada por la C谩mara de Diputados, por mayor铆a de dos tercios. Corresponder谩 a la C谩mara de Senadores, por mayor铆a absoluta de dos tercios, juzgar en juicio p煤blico a los acusados por la C谩mara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al s贸lo efecto de separarlos de sus cargos, En los casos de supuesta comisi贸n de delitos, se pasar谩n los antecedentes a la justicia ordinaria.

CAP脥TULO II – DEL PODER EJECUTIVO

SECCI脫N I – DEL PRESIDENTE DE LA REP脷BLICA Y DEL VICEPRESIDENTE

Art铆culo 226 – DEL EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la Rep煤blica.

Art铆culo 227 – DEL VICEPRESIDENTE

Habr谩 un Vicepresidente de la Rep煤blica qui茅n, en caso de impedimento o ausencia temporal del Presidente o vacancia definitiva de dicho cargo, lo sustituir谩 de inmediato, con todas sus atribuciones.

Art铆culo 228 – DE LOS REQUISITOS

Para ser Presidente de la Rep煤blica o Vicepresidente se requiere:

  1. tener nacionalidad paraguaya natural;
  2. haber cumplido treinta y cinco a帽os, y
  3. estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y pol铆ticos.

Art铆culo 229 – DE LA DURACI脫N DEL MANDATO

El Presidente de la Rep煤blica y el Vicepresidente durar谩n cinco a帽os improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el quince de agosto siguiente a las elecciones. No podr谩n ser reelectos en ning煤n caso. El Vicepresidente s贸lo podr谩 ser electo Presidente para el per铆odo posterior, si hubiese cesado en su cargo seis meses antes de los comicios generales. Quien haya ejercido la presidencia por m谩s de doce meses no podr谩 ser electo Vicepresidente de la Rep煤blica.

Art铆culo 230 – DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

El Presidente de la Rep煤blica y el Vicepresidente ser谩n elegidos conjunta y directamente por el pueblo, por mayor铆a simple de votos, en comicios generales que se realizar谩n entre noventa y ciento veinte d铆as antes de expirar el per铆odo constitucional vigente.

Art铆culo 231 – DE LA ASUNCI脫N DE LOS CARGOS

En caso de que, en la fecha en la cual deban asumir sus funciones el Presidente de la Rep煤blica y el Vicepresidente, no hayan sido proclamados en la forma dispuesta por esta Constituci贸n, o fueran anuladas las elecciones, el Presidente cesante entregar谩 el mando al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo ejercer谩 hasta que se efect煤e la transmisi贸n, quedando en suspenso en sus funciones judiciales.

Art铆culo 232 – DE LA TOMA DE POSESI脫N DE LOS CARGOS

El Presidente de la Rep煤blica y el Vicepresidente tomar谩n posesi贸n de sus cargos ante el Congreso, prestando el juramento o la promesa de cumplir con fidelidad y patriotismo sus funciones constitucionales. Si el d铆a se帽alado el congreso no alcanzara el qu贸rum para reunirse, la ceremonia se cumplir谩 ante la Corte Suprema de Justicia.

Art铆culo 233 – DE LAS AUSENCIAS

El Presidente de la Rep煤blica, o quien lo est茅 sustituyendo en el cargo, no podr谩 ausentarse del pa铆s sin dar aviso previo al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia. Si la ausencia tuviere que ser por m谩s de cinco d铆as, se requerir谩 la autorizaci贸n de la C谩mara de Senadores. Durante el receso de las C谩maras, la autorizaci贸n ser谩 otorgada por la Comisi贸n Permanente del Congreso.

En ning煤n caso, el Presidente de la Rep煤blica y el Vicepresidente podr谩n estar simult谩neamente ausentes del territorio nacional.

Art铆culo 234 – DE LA ACEFAL脥A

En caso de impedimento o ausencia del Presidente de la Rep煤blica, lo reemplazar谩 el Vicepresidente, y a falta de 茅ste y en forma sucesiva, el Presidente del Senado, el de la C谩mara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia.

El Vicepresidente electo asumir谩 la presidencia de la Rep煤blica si 茅sta quedase vacante antes o despu茅s de la proclamaci贸n del Presidente, y la ejercer谩 hasta la finalizaci贸n del per铆odo constitucional.

Si se produjera la vacancia definitiva de la Vicepresidencia durante os tres primeros a帽os del per铆odo constitucional, se convocar谩 a elecciones para cubrirla. Si la misma tuviese lugar durante los dos 煤ltimos a帽os, el Congreso, por mayor铆a absoluta de sus miembros, designar谩 a quien debe desempe帽ar el cargo por el resto del per铆odo.

Art铆culo 235 – DE LAS INHABILIDADES

Son inh谩biles para ser candidatos a Presidente de la Rep煤blica o Vicepresidente:

  1. Los ministros del Poder Ejecutivo, los viceministros o subsecretarios y los funcionarios de rango equivalente, los directores generales de reparticiones p煤blicas y los presidentes de consejos, directores, gerentes o administradores generales de los entes descentralizados, aut谩rquicos, aut贸nomos, binacionales o multinacionales, y los de empresas con participaci贸n estatal mayoritaria;
  2. los magistrados judiciales y los miembros del Ministerio P煤blico;
  3. el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la Rep煤blica y el Subcontralor, el Procurador General de la Rep煤blica, los integrantes del Consejo de la Magistratura y los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral;
  4. los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras, que sean concesionarias de servicios estatales, o de ejecuci贸n de obras o provisi贸n de bienes al Estado;
  5. los ministros de cualquier religi贸n o culto;
  6. los intendentes municipales y los gobernadores;
  7. los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas de la Naci贸n y los de la Polic铆a Nacional, salvo que hubieran pasado a retiro un a帽o antes, por lo menos, del d铆a de los comicios generales;
  8. los propietarios o copropietarios de los medios de comunicaci贸n, y
  9. el c贸nyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad, de quien se encuentre en ejercicio de la presidencia al realizarse la elecci贸n, o la haya desempe帽ado por cualquier tiempo en el a帽o anterior a la celebraci贸n de aqu茅lla.

En los casos previstos en los incisos 1., 2., 3. y 6., los afectados deben haber renunciado y dejado de ejercer sus respectivos cargos, cuanto menos seis meses antes del d铆a de las elecciones, salvo los casos de vacancia definitiva de la Vicepresidencia.

Art铆culo 236 – DE LA INHABILIDAD POR ATENTAR CONTRA LA CONSTITUCI脫N

Los jefes militares o los caudillos civiles de un golpe de Estado, revoluci贸n armada o movimientos similares que atenten contra el orden establecido por esta Constituci贸n, y que en consecuencia asuman el Poder Ejecutivo o mando militar propio de oficiales generales, quedan inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo p煤blico por dos per铆odos constitucionales consecutivos, sin perjuicio de sus respectivas responsabilidades civiles y penales.

Art铆culo 237 – DE LAS INCOMPATIBILIDADES

El Presidente de la Rep煤blica y el Vicepresidente no pueden ejercer cargos p煤blicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones.

Art铆culo 238 – DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REP脷BLICA

Son deberes y atribuciones de quien ejerce la presidencia de la Rep煤blica:

  1. representar al Estado y dirigir la administraci贸n general del pa铆s;
  2. cumplir y hacer cumplir esta Constituci贸n y las leyes;
  3. participar en la formaci贸n de las leyes, de conformidad con esta Constituci贸n, promulgarlas y hacerlas publicar, reglamentarlas y controlar su cumplimiento;
  4. vetar, total o parcialmente, las leyes sancionadas por el Congreso, formulando las observaciones u objeciones que estime convenientes;
  5. dictar decretos que, para su validez, requieren el refrendo del Ministro del ramo;
  6. nombrar y remover por s铆 a los ministros del Poder Ejecutivo, al Procurador General de la Rep煤blica y a los funcionarios de la Administraci贸n P煤blica, cuya designaci贸n y permanencia en los cargos no est茅n reglados de otro modo por esta Constituci贸n o por la ley;
  7. el manejo de las relaciones exteriores de la Rep煤blica. En caso de agresi贸n externa, y previa autorizaci贸n del Congreso, declarar el Estado de Defensa Nacional o concertar la paz; negociar y firmar tratados internacionales; recibir a los jefes de misiones diplom谩ticas de los pa铆ses extranjeros y admitir a sus c贸nsules y designar embajadores, con acuerdo del Senado;
  8. dar cuenta al Congreso, al inicio de cada per铆odo anual de sesiones, de las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo, as铆 como informar de la situaci贸n general de la Rep煤blica y de los planes para el futuro;
  9. es Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Naci贸n, cargo que no se delega. De acuerdo con la ley, dicta los reglamentos militares, dispone de las Fuerzas Armadas, organiza y distribuye. Por s铆, nombrar y remover a los comandantes de la Fuerza P煤blica. Adopta las medidas necesarias para la defensa nacional. Provee, por s铆 los grados en todas las armas, hasta el de teniente coronel o sus equivalentes y, con acuerdo del Senado, los grados superiores;
  10. indultar o conmutar las penas impuestas por los jueces y tribunales de la Rep煤blica, de conformidad con la ley, y con informe de la Corte Suprema de Justicia;
  11. convocar a sesiones extraordinarias al Congreso, a cualquiera de las C谩maras o a ambas a la vez, debiendo 茅stas tratar s贸lo aquellos asuntos sometidos a su respectiva consideraci贸n;
  12. proponer al Congreso proyectos de ley, los cuales podr谩n ser presentados con solicitud de urgente consideraci贸n, en los t茅rminos establecidos en 茅sta Constituci贸n;
  13. disponer la recaudaci贸n e inversi贸n de las rutas de la Rep煤blica, de acuerdo con el Presupuesto General de la Naci贸n y con las leyes, rindiendo cuenta anualmente al Congreso de su ejecuci贸n;
  14. preparar y presentar a consideraci贸n de las C谩maras el proyecto anual de Presupuesto General de la Naci贸n;
  15. hacer cumplir las disposiciones de las autoridades creadas por esta Constituci贸n, y
  16. los dem谩s deberes y atribuciones que fije esta Constituci贸n.

Art铆culo 239 – DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE DE LA REP脷BLICA

Son deberes y atribuciones de quien ejerce la Vicepresidencia de la Rep煤blica:

  1. sustituir de inmediato al Presidente de la Rep煤blica, en los casos previstos por esta Constituci贸n;
  2. representar al Presidente de la Rep煤blica nacional e internacionalmente, por designaci贸n del mismo, con todas las prerrogativas que le corresponden a aqu茅l, y
  3. participar de las deliberaciones del Consejo de Ministros y coordinar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el legislativo.

SECCI脫N II – DE LOS MINISTROS Y DEL CONSEJO DE MINISTROS

Art铆culo 240 – DE LAS FUNCIONES

La direcci贸n y la gesti贸n de los negocios p煤blicos est谩n confiadas a los ministros del Poder Ejecutivo, cuyo n煤mero y funciones ser谩n determinados por la ley. En caso de ausencia temporal de uno de ellos, lo sustituir谩 uno de los viceministros del ramo.

Art铆culo 241 – DE LOS REQUISITOS, DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y DE LAS INMUNIDADES

Para ser Ministro se exigen los mismos requisitos que para el cargo de Diputado. Tienen, adem谩s, iguales incompatibilidades que las establecidas para el Presidente de la Rep煤blica, salvo el ejercicio de la docencia. No pueden ser privados de su libertad, excepto en los casos previstos para los miembros del Congreso.

Art铆culo 242 – DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MINISTROS

Los ministros son los jefes de la administraci贸n de sus respectivas carteras, en las cuales, bajo la direcci贸n del Presidente de la Rep煤blica promueven y ejecutan la pol铆tica relativa a las materias de su competencia.

Son solidariamente responsable de los actos de gobierno que refrendan.

Anualmente, presentar谩n al Presidente de la Rep煤blica una memoria de sus gestiones, la cual ser谩 puesta a conocimiento del Congreso.

Art铆culo 243 – DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS

Convocados por el Presidente de la Rep煤blica, los Ministros se re煤nen en Consejo a fin de coordinar las tareas ejecutivas, impulsar la pol铆tica del gobierno y adoptar decisiones colectivas:

Compete a dicho Consejo:

  1. deliberar sobre todos los asuntos de inter茅s p煤blico que el Presidente de la Rep煤blica someta a su consideraci贸n, actuando como cuerpo consultivo, as铆 como considerar las iniciativas en materia legislativa, y
  2. disponer la publicaci贸n peri贸dica de sus resoluciones.

SECCI脫N III – DE LA PROCURADUR脥A DE GENERAL DE LA REP脷BLICA

Art铆culo 244 – DE LA COMPOSICI脫N

La Procuradur铆a General de la Rep煤blica est谩 a cargo de un procurador General y de los dem谩s funcionarios que determine la ley.

Art铆culo 245 – DE LOS REQUISITOS, Y DEL NOMBRAMIENTO

El procurador General de la Rep煤blica debe reunir los mismos requisitos exigidos para ser Fiscal General del Estado. Es nombrado y removido por el Presidente de la Rep煤blica. Las incompatibilidades ser谩n establecidas en la ley.

Art铆culo 246 – DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES

Son deberes y atribuciones del procurador General de la Rep煤blica:

  1. representar y defender, judicial o extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la Rep煤blica;
  2. dictaminar en los casos y con los efectos se帽alados en las leyes;
  3. asesorar jur铆dicamente a la Administraci贸n P煤blica en la forma que determine la ley, y
  4. los dem谩s deberes y atribuciones que fije la ley.

CAP脥TULO III – DEL PODER JUDICIAL

SECCI脫N I – DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art铆culo 247 – DE LA FUNCI脫N Y DE LA COMPOSICI脫N

El Poder Judicial es el custodio de esta Constituci贸n. La interpuesta, la cumple y la hace cumplir.

La administraci贸n de justicia est谩 a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados, en la forma que establezcan esta Constituci贸n y la ley.

Art铆culo 248 – DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Queda garantizada la independencia del Poder Judicial. S贸lo 茅ste puede conocer y decidir en actos de car谩cter contencioso.

En ning煤n caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, podr谩n arrogarse atribuciones judiciales que no est茅n expresamente establecidas en esta Constituci贸n, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de cualquier modo n los juicios. Actos de esta naturaleza conllevan nulidad insanable. Todo ello sin perjuicio de las decisiones arbitrales en el 谩mbito del derecho privado, con las modalidades que la ley determine para asegurar el derecho de defensa y las soluciones equitativas.

Los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados, quedar谩n inhabilitados para ejercer toda funci贸n p煤blica por cinco a帽os consecutivos, adem谩s de las penas que fije la ley.

Art铆culo 249 – DE LA AUTARQU脥A PRESUPUESTARIA

El Poder Judicial goza de autonom铆a presupuestaria. En el Presupuesto General de la Naci贸n se le asignar谩 una cantidad no inferior al tres por ciento del presupuesto de la Administraci贸n Central.

El presupuesto del Poder Judicial ser谩 aprobado por el congreso, y la Contralor铆a General de la Rep煤blica verificar谩 todos sus gastos e inversiones.

Art铆culo 250 – DEL JURAMENTO O PROMESA

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia prestar谩n juramento o promesa ante el Congreso, al asumir sus cargos. Los integrantes de los dem谩s tribunales y de los juzgados lo har谩n ante la Corte Suprema de Justicia.

Art铆culo 251 – DE LA DESIGNACI脫N

Los miembros de los tribunales y juzgados de toda la Rep煤blica ser谩n designados por la Corte Suprema de Justicia, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura.

Art铆culo 252 – DE LA INAMOVILIDAD DE LOS MAGISTRADOS

Los magistrados son inamovibles en cuanto al cargo, a la sede o al grado, durante el t茅rmino para el cual fueron nombrados. No pueden ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento previo y expreso. Son designados por per铆odos de cinco a帽os, a contar de su nombramiento.

Los magistrados que hubiesen sido confirmados por dos per铆odos siguientes al de su elecci贸n, adquieren la inamovilidad en el cargo hasta el l铆mite de edad establecido para los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Art铆culo 253 – DEL ENJUICIAMIENTO Y DE LA REMOCI脫N DE LOS MAGISTRADOS

Los magistrados judiciales s贸lo podr谩n ser enjuiciados y removidos por la comisi贸n de delitos, o mal desempe帽o de sus funciones definido en la ley, por decisi贸n de un Jurado de enjuiciamiento de magistrados. Este estar谩 integrado por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos senadores y dos diputados; 茅stos cuatro 煤ltimos deber谩n ser abogados. La ley regular谩 el funcionamiento del Jurado de enjuiciamiento de magistrados.

Art铆culo 254 – DE LAS INCOMPATIBILIDADES

Los magistrados no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otro cargo p煤blico o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigaci贸n cient铆fica, a tiempo parcial. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional o pol铆tica alguna, no desempe帽ar cargos en organismos oficiales o privados, partidos, asociaciones o movimientos pol铆ticos.

Art铆culo 255 – DE LAS INMUNIDADES

Ning煤n magistrado judicial podr谩 ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. No podr谩 ser detenido o arrestado sino en caso de flagrante delito que merezca pena corporal. Si as铆 ocurriese la autoridad interviniente debe ponerlo bajo custodia en su residencia, comunicar de inmediato el hecho a la Corte Suprema de Justicia, y remitir los antecedentes al juez competente.

Art铆culo 256 – DE LA FORMA DE LOS JUICIOS

Los juicios podr谩n ser orales y p煤blicos, en la forma y en la medida que la ley determine.

Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constituci贸n y en la ley. La cr铆tica a los fallos es libre.

El proceso laboral ser谩 total y estar谩 basado en los principios de inmediatez, econom铆a y concentraci贸n.

Art铆culo 257 – DE LA OBLIGACI脫N DE COLABORAR CON LA JUSTICIA

Los 贸rganos del Estado se subordinan a los dictados de la ley, y las personas que ejercen funciones al servicios del mismo est谩n obligadas a prestar a la administraci贸n de justicia toda la cooperaci贸n que ella requiera para el cumplimiento de sus mandatos.

SECCI脫N II – DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Art铆culo 258 – DE LA INTEGRACI脫N Y DE LOS REQUISITOS

La Corte Suprema de Justicia estar谩 integrada por nueve miembros. Se organizar谩n en salas, uno de las cuales ser谩 constitucional, elegir谩 de su seno, cada a帽o, a su Presidente. Sus miembros llevar谩n el t铆tulo de Ministro.

Sus requisitos para integrar la Corte Suprema de Justicia, tener nacionalidad paraguaya natural, haber cumplido treinta y cinco a帽os, poseer t铆tulo universitario de Doctor en Derecho y gozar de notoria honorabilidad. Adem谩s, haber ejercido efectivamente durante el t茅rmino de diez a帽os, cuanto menos, la profesi贸n, la magistratura judicial o la c谩tedra universitaria en materia jur铆dica, conjunta, separada o sucesivamente.

Art铆culo 259 – DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES

Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

  1. ejercer la superintendencia de todos los organismos del Poder Judicial y decidir, en instancia 煤nica, los conflictos de jurisdicci贸n y de competencia, conforme con la ley;
  2. dictar su propio reglamento interno. Presentar anualmente, una memoria sobre las gestiones realizadas, el estado, y las necesidades de la justicia nacional a los Poderes Ejecutivo y Legislativo;
  3. conocer y resolver en los recursos ordinarios que la ley determine;
  4. conocer y resolver, en instancia original, los h谩beas corpus, sin perjuicio de la competencia de otros jueces o tribunales;
  5. conocer y resolver sobre inconstitucionalidad;
  6. conocer y resolver en el recurso de casaci贸n, en la forma y medida que establezca la ley;
  7. suspender preventivamente por s铆 o a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mayor铆a absoluta de votos de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones, a magistrados judiciales enjuiciados, hasta tanto se dicte resoluci贸n definitiva en el caso;
  8. supervisar los institutos de detenci贸n y reclusi贸n;
  9. entender en las contiendas de competencias entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales y entre 茅stos y los municipios, y
  10. los dem谩s deberes y atribuciones que fije esta Constituci贸n y las leyes.

Art铆culo 260 – DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SALA CONSTITUCIONAL

Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional:

  1. conocer y resolver sobre la insconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constituci贸n en cada caso concreto, y en fallo que s贸lo tendr谩 efecto con relaci贸n a este caso, y
  2. decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constituci贸n.

El procedimiento podr谩 iniciarse por acci贸n ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por v铆a de la excepci贸n en cualquier instancia, en cuyo caso se elevar谩n los antecedentes a la Corte.

Art铆culo 261 – DE LA REMOCI脫N Y CESACI脫N DE LOS MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia s贸lo podr谩n ser removidos por juicio pol铆tico. Cesar谩n en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco a帽os.

SECCI脫N III – DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Art铆culo 262 – DE LA COMPOSICI脫N

El Consejo de la Magistratura est谩 compuesto por:

  1. un miembro de la Corte Suprema de Justicia, designado por 茅sta;
  2. un representante del Poder Ejecutivo;
  3. un Senador y un Diputado, ambos nominados por su C谩mara respectiva;
  4. dos abogados de la matr铆cula, nombrados por sus pares en elecci贸n directa;
  5. un profesor de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional, elegido por sus pares, y
  6. un profesor de las facultades de Derecho con no menos de veinte a帽os de funcionamiento, de las Universidades privadas, elegido por sus pares.

La ley reglamentar谩 los sistemas de elecci贸n pertinentes.

Art铆culo 263 – DE LOS REQUISITOS Y DE LA DURACI脫N

Los miembros del Consejo de la magistratura deben reunir los siguientes requisitos:

Ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta y cinco a帽os, poseer t铆tulo universitario de abogado, y, durante el t茅rmino de diez a帽os cuanto menos, haber ejercido efectivamente la profesi贸n, o desempe帽ado funciones en la magistratura judicial, o ejercido la c谩tedra universitaria en materia jur铆dica, conjunta, separado o alternativamente.

Durar谩 a帽os en sus funciones y gozar谩n de iguales inmunidades que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia. Tendr谩n las incompatibilidades que establezca la ley.

Art铆culo 264 – DE LOS DEBERES Y DE LA ATRIBUCIONES

Son deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura:

  1. proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selecci贸n basada en la idoneidad, con consideraci贸n de m茅ritos y aptitudes, y elevarlas a la C谩mara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder ejecutivo;
  2. proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selecci贸n y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales;
  3. elaborar su propio reglamente, y
  4. los dem谩s deberes y atribuciones que fijen esta Constituci贸n y las leyes.

Art铆culo 265 – DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y DE OTRAS MAGISTRATURAS Y ORGANISMOS AUXILIARES

Se establece el tribunal de cuentas. La ley determinar谩 su composici贸n y su competencia.

La estructura y las funciones de las dem谩s magistraturas judiciales y de organismos auxiliares, as铆 como las de la escuela judicial, ser谩n determinadas por la ley.

SECCI脫N IV – DEL MINISTERIO P脷BLICO

Art铆culo 266 – DE LA COMPOSICI脫N Y DE LAS FUNCIONES

El Ministerio P煤blico representa a la sociedad ante los 贸rganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonom铆a funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Lo ejercen el Fiscal General del Estado y los agentes fiscales, en la forma determinada por la ley.

Art铆culo 267 – DE LOS REQUISITOS

Para ser Fiscal General del Estado se requiere tener nacionalidad paraguaya; haber cumplido treinta y cinco a帽os, poseer t铆tulo universitario de abogado, haber ejercido efectivamente la profesi贸n o funciones o la magistratura judicial o la c谩tedra universitaria en materia jur铆dica durante cinco a帽os cuanto menos, conjunta, separada o sucesivamente. Tiene las mismas incompatibilidades e inmunidades que las establecidas para los magistrados del Poder Judicial.

Art铆culo 268 – DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES

Son deberes y atribuciones del Ministerio P煤blico:

  1. velar por el respeto de los derechos y de las garant铆as constitucionales;
  2. promover acci贸n penal p煤blica para defender el patrimonio p煤blico y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, as铆 como los derechos de los pueblos ind铆genas;
  3. ejercer acci贸n penal en los casos en que, para iniciarla o proseguirla, no fuese necesaria instancia de parte, sin perjuicio de que el juez o tribunal proceda de oficio, cuando lo determine la ley;
  4. recabar informaci贸n de los funcionarios p煤blicos para el mejor cumplimiento de sus funciones, y
  5. los dem谩s deberes y atribuciones que fije la ley.

Art铆culo 269 – DE LA ELECCI脫N Y DE LA DURACI脫N

El Fiscal General del Estado tiene inamovilidad. Dura cinco a帽os en sus funciones y puede ser reelecto. Es nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura.

Art铆culo 270 – DE LOS AGENTES FISCALES

Los agentes fiscales son designados, en la misma forma que establece esta Constituci贸n para los jueces. Duran en sus funciones y son removidos con iguales procedimientos. Adem谩s, tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades que las determinadas para los integrantes del Poder Judicial.

Art铆culo 271 – DE LA POSESI脫N DE LOS CARGOS

El Fiscal General del Estado presta juramento o promesa ante el Senado, mientras los agentes fiscales lo efect煤an ante la Corte Suprema de Justicia.

Art铆culo 272 – DE LA POLIC脥A JUDICIAL

La ley podr谩 crear una Polic铆a Judicial, dependiente del Poder Judicial, a fin de colaborar directamente con el Ministerio P煤blico.

SECCI脫N V – DE LA JUSTICIA ELECTORAL

Art铆culo 273 – DE LA COMPETENCIA

La convocatoria, el juzgamiento, la organizaci贸n, la direcci贸n, la supervisi贸n y la vigilancia de los actos y de las cuestiones derivados de las elecciones generales, departamentales y municipales, as铆 como de los derechos y de los t铆tulos de quienes resulten elegidos, corresponden exclusivamente a la Justicia Electoral.

Sin igualmente de su competencia las cuestiones provenientes de todo tipo de consulta popular, como asimismo lo relativo a las elecciones y al funcionamiento de los partidos y de los movimientos pol铆ticos.

Art铆culo 274 – DE LA INTEGRACI脫N

La Justicia Electoral est谩 integrada por un Tribunal Superior de Justicia Electoral, por los tribunales, por los juzgados, por las fiscal铆as y por los dem谩s organismos a definirse en la ley, la cual determinar谩 su organizaci贸n y sus funciones.

Art铆culo 275 – DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

El Tribunal Superior de Justicia Electoral estar谩 compuesto de tres miembros, quienes ser谩n elegidos y removidos en la forma establecida para los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral deber谩n reunir los siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta y cinco a帽os, poseer t铆tulo universitario de abogado, y, durante el t茅rmino de diez a帽os, cuanto menos, haber ejercido efectivamente la profesi贸n, o desempe帽ado funciones en la magistratura judicial, o ejercido la c谩tedra universitaria en materia jur铆dica, conjunta, separada o alternativamente.

La ley fijar谩 en qu茅 casos sus resoluciones ser谩n recurribles ante la Corte Suprema de Justicia, la cual lo resolver谩 en procedimiento sumar铆simo.

CAP脥TULO IV – DE OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

SECCI脫N I – DE LA DEFENSOR脥A DEL PUEBLO

Art铆culo 276 – DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

El Defensor del Pueblo es un comisionado parlamentario cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalizaci贸n de reclamos populares y la profesi贸n de los intereses comunitarios. En ning煤n caso tendr谩 funci贸n judicial ni competencia ejecutiva.

Art铆culo 277 – DE LA AUTONOM脥A, DEL NOMBRAMIENTO Y DE LA REMOCI脫N

El Defensor del Pueblo gozar谩 de autonom铆a e inamovilidad. Es nombrado por mayor铆a de dos tercios de la C谩mara de Diputados, de una terna propuesta por el Senado, y durar谩 cinco a帽os en sus funciones, coincidentes con el per铆odo del Congreso. Podr谩 ser reelecto. Adem谩s, podr谩 ser removido por mal desempe帽o de sus funciones, con el procedimiento del juicio pol铆tico establecido en esta Constituci贸n.

Art铆culo 278 – DE LOS REQUISITOS, DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y DE LAS INMUNIDADES

El Defensor del Pueblo deber谩 reunir los mismos requisitos exigidos para los Diputados, y tiene las mismas incompatibilidades e inmunidades que las de los magistrados judiciales. Durante su mandato no podr谩 formar parte de ning煤n poder del Estado ni ejercer actividad pol铆tico partidaria alguna.

Art铆culo 279 – DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES

Son deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo:

  1. recibir e investigar denuncias, quejas y reclamos contra violaciones de los derechos humanos y otros hechos que establecen esta Constituci贸n y la ley.
  2. requerir de las autoridades en sus diversos niveles, incluyendo los de los 贸rganos policiales y los de seguridad en general, informaci贸n para el mejor ejercicio de sus funciones, sin que pueda opon茅rsele reserva alguna. Podr谩 acceder a los sitios donde se denuncie la comisi贸n de tales hechos. Es tambi茅n de su competencia actuar de oficio;
  3. emitir censura p煤blica por actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos;
  4. informar anualmente de sus gestiones a las C谩maras del Congreso;
  5. elaborar y divulgar informes sobre la situaci贸n de los derechos humanos que, a su juicio, requieran pronta atenci贸n p煤blica, y
  6. los dem谩s deberes y atribuciones que fije la ley.

Art铆culo 280 – DE LA REGULACI脫N DE SUS FUNCIONES

Las funciones del Defensor del Pueblo ser谩n reguladas por la ley a fin de asegurar su eficacia, pudiendo nombrarse defensores departamentales o municipales.

SECCI脫N II – DE LA CONTRALOR脥A GENERAL DE LA REP脷BLICA

Art铆culo 281 – DE LA NATURALEZA, DE LA COMPOSICI脫N Y DE LA DURACI脫N

La Contralor铆a General de la Rep煤blica es el 贸rgano de control de las actividades econ贸micas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades, en la forma determinada por esta Constituci贸n y por la ley. Gozar谩 de autonom铆a funcional y administrativa.

Se compone de un Contralor y un Subcontralor, quienes deber谩n ser de nacionalidad paraguaya, de treinta a帽os cumplidos, graduados en Derecho o en Ciencias Econ贸micas, Administrativas o Contables. Cada uno de ellos ser谩 designado por la C谩mara de Diputados, por mayor铆a absoluta, de sendas ternas de candidatos propuestos por la C谩mara de Senadores, con id茅ntica mayor铆a.

Durar谩n cinco a帽os en sus funciones, los cuales no ser谩n coincidentes con los del mandato presidencial. Podr谩n ser confirmados en el cargo s贸lo por un per铆odo m谩s, con sujeci贸n a los mismos tr谩mites. Durante tal lapso gozar谩n de inamovilidad, no pudiendo ser removidos sino por la comisi贸n de delitos o por mal desempe帽o de sus funciones.

Art铆culo 282 – DEL INFORME Y DEL DICTAMEN

El Presidente de la Rep煤blica, en su car谩cter de titular de la administraci贸n del Estado, enviar谩 a la Contralor铆a la liquidaci贸n del presupuesto del a帽o anterior, dentro de los cuatro meses del siguiente. En los cuatro meses posteriores, la Contralor铆a deber谩 elevar informe y dictamen al Congreso, para que los consideren cada una de las C谩maras.

Art铆culo 283 – DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES

Son deberes y atribuciones del Contralor General de la Rep煤blica:

  1. el control, la vigilancia y la fiscalizaci贸n de los bienes p煤blicos y del patrimonio del Estado, los de las entidades regionales o departamentales, los de las municipalidades, los del Banco Central y los de los dem谩s bancos del Estado o mixtos, los de las entidades aut贸nomas, aut谩rquicas o descentralizadas, as铆 como los de las empresas del Estado o mixtas;
  2. el control de la ejecuci贸n y de la liquidaci贸n del Presupuesto General de la Naci贸n;
  3. el control de la ejecuci贸n y de la liquidaci贸n de los presupuestos de todas las reparticiones mencionadas en el inciso 1, como asimismo el examen de sus cuentas, fondos e inventarios;
  4. la fiscalizaci贸n de las cuentas nacionales de las empresas o entidades multinacionales, de cuyo capital participe el Estado en forma directa o indirecta, en los t茅rminos de los respectivos tratados;
  5. el requerimiento de informes sobre la gesti贸n fiscal y patrimonial a toda persona o entidad p煤blica, mixta o privada que administre fondos, servicios p煤blicos o bienes del Estado, a las entidades regionales o departamentales y a los municipios, todas las cuales deben poner a su disposici贸n la documentaci贸n y los comprobantes requeridos para el mejor cumplimiento de sus funciones;
  6. la recepci贸n de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios p煤blicos, as铆 como la formaci贸n de un registro de las mismas y la producci贸n de dict谩menes sobre la correspondencia entre tales declaraciones, prestadas al asumir los respectivos cargos, y las que los aludidos funcionarios formulen al cesar en ellos.
  7. la denuncia a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo de todo delito siendo solidariamente responsable, por omisi贸n o desviaci贸n, con los 贸rganos sometidos a su control, cuando 茅stos actuasen con deficiencia o negligencia, y
  8. los dem谩s deberes y atribuciones que fije esta Constituci贸n y las leyes.

Art铆culo 284 – DE LAS INMUNIDADES, DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y DE LA REMOCI脫N

El Contralor y el Subcontralor tendr谩n las mismas inmunidades e incompatibilidades prescritas para los magistrados judiciales. En cuanto a su remoci贸n, se seguir谩 el procedimiento establecido para el juicio pol铆tico.

SECCI脫N III – DE LA BANCA CENTRAL DEL ESTADO

Art铆culo 285 – DE LA NATURALEZA, DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES

Se establece una Banca Central del Estado, en car谩cter de organismos t茅cnico. Ella tiene la exclusividad de la emisi贸n monetaria, y conforme con los objetivos de la pol铆tica econ贸mica del Gobierno Nacional, participa con los dem谩s organismos t茅cnicos del Estado, en la formulaci贸n de las pol铆ticas monetaria, crediticia y cambiaria, siendo responsable de su ejecuci贸n y desarrollo, y preservando la estabilidad monetaria.

Art铆culo 286 – DE LAS PROHIBICIONES

Se proh铆be a la Banca Central del Estado:

  1. acordar cr茅ditos, directa o indirectamente, para financiar el gasto p煤blico al margen del presupuesto, excepto:
    1. los adelantos de corto plazo de los recursos tributarios presupuestos para el a帽o respectivo, y
    2. en caso de emergencia nacional, con resoluci贸n fundada del Poder Ejecutivo y acuerdo de la C谩mara de Senadores.
  2. adoptar acuerdo alguno que establezca, directa o indirectamente, normas o requisitos diferentes o discriminatorios y relativos a personas, instituciones o entidades que efect煤an operaciones de la misma naturaleza, y
  3. operar con personas o entidades no integradas al sistema monetario o financiero nacional, salvo organismos internacionales.

Art铆culo 287 – DE LA ORGANIZACI脫N Y DEL FUNCIONAMIENTO

La ley regular谩 la organizaci贸n y funcionamiento de la Banca Central del Estado, dentro de las limitaciones previstas en esta Constituci贸n.

La Banca Central del Estado rendir谩 cuentas al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional sobre la ejecuci贸n de las pol铆ticas a su cargo.

T脥TULO III – DEL ESTADO DE EXCEPCI脫N

Art铆culo 288 – DE LA DECLARACI脫N, DE LAS CAUSALES, DE LA VIGENCIA Y DE LOS PLAZOS

En caso de conflicto armado internacional, formalmente declarado o no, o de grave conmoci贸n interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constituci贸n o el funcionamiento regular de los 贸rganos creados por ella, el Congreso o el Poder Ejecutivo podr谩n declarar el Estado de Excepci贸n en todo o en parte del territorio nacional, por un t茅rmino de sesenta d铆as como m谩ximo. En el caso de que dicha declaraci贸n fuera efectuada por el Poder ejecutivo, la medida deber谩 ser aprobada o rechazada por el Congreso dentro del plazo de cuarenta y ocho horas.

Dicho t茅rmino de sesenta d铆as podr谩 prorrogarse por per铆odos de hasta treinta d铆as sucesivos, para lo cual se requerir谩 mayor铆a absoluta de ambas C谩maras.

Durante el receso parlamentario, el Poder Ejecutivo podr谩 decretar, por 煤nica vez, el Estado de Excepci贸n por un plazo no mayor de treinta d铆as, pero deber谩 someterlo dentro de los ocho d铆as a la aprobaci贸n o rechazo del Congreso, el cual quedar谩 convocado de pleno derecho a sesi贸n extraordinaria, 煤nicamente para tal efecto.

El decreto o la ley que declare el Estado de Excepci贸n contendr谩 las razones y los hechos que se invoquen para su adopci贸n, el tiempo de su vigencia y el territorio afectado, as铆 como los derechos que restrinja.

Durante la vigencia del Estado de Excepci贸n, el Poder ejecutivo s贸lo podr谩 ordenar, por decreto y en cada caso, las siguientes medidas: la detenci贸n de las personas indiciadas de participar en algunos de esos hechos, su traslado de un punto a otro de la Rep煤blica, as铆 como la prohibici贸n o la restricci贸n de reuniones p煤blicas y de manifestaciones.

En todos los casos, las personas indiciadas tendr谩n la opci贸n de salir del pa铆s.

El Poder Ejecutivo informar谩 de inmediato a la Corte suprema de Justicia sobre los detenidos en virtud del Estado de Excepci贸n y sobre el lugar de su detenci贸n o traslado, a fin de hacer posible una inspecci贸n judicial.

Los detenidos en raz贸n del Estado de Excepci贸n permanecer谩n en locales sanos y limpios, no destinados a reos comunes, o guardar谩n reclusi贸n en su propia residencia. Los traslados se har谩n siempre a sitios poblados y salubres.

El Estado de Excepci贸n no interrumpir谩 el funcionamiento de los poderes del Estado, la vigencia de esta Constituci贸n ni, espec铆ficamente, el h谩beas corpus.

El Congreso, por mayor铆a absoluta de votos, podr谩 disponer en cualquier momento el levantamiento del Estado de Excepci贸n, si considerase que cesaron las causas de su declaraci贸n.

Una vez que finalice el Estado de Excepci贸n, el Poder Ejecutivo informar谩 al Congreso, en un plazo no mayor de cinco d铆as, sobre lo actuado durante la vigencia de aqu茅l.

T脥TULO IV – DE LA REFORMA Y DE LA ENMIENDA DE LA CONSTITUCI脫N

Art铆culo 289 – DE LA REFORMA

La reforma de esta Constituci贸n s贸lo proceder谩 luego de diez a帽os de su promulgaci贸n.

Podr谩n solicitar la reforma el veinticinco por ciento de los legisladores de cualquiera de las C谩maras del Congreso, el Presidente de la Rep煤blica o treinta mil electores, en petici贸n firmada.

La declaraci贸n de la necesidad de la reforma s贸lo ser谩 aprobada por mayor铆a absoluta de dos tercios de los miembros de cada C谩mara del Congreso.

Una vez decidida la necesidad de la reforma, el Tribunal Superior, de Justicia Electoral llamar谩 a elecciones dentro del plazo de ciento ochenta d铆as, en comicios generales que no coincidan con ning煤n otro.

El n煤mero de miembros de la Convenci贸n Nacional Constituyente no podr谩 exceder del total de los integrantes del Congreso. Sus condiciones de elegibilidad, as铆 como la determinaci贸n de sus incompatibilidades, ser谩n fijadas por ley.

Los convencionales tendr谩n las mismas inmunidades establecidas para los miembros del Congreso.

Sancionada la nueva Constituci贸n por la Convenci贸n Nacional Constituyente, quedar谩 promulgada de pleno derecho.

Art铆culo 290 – DE LA ENMIENDA

 Transcurridos tres a帽os de promulgada esta Constituci贸n, podr谩n realizarse enmiendas a iniciativa de la cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las C谩maras del Congreso, del Presidente de la Rep煤blica o de treinta mil electores, en petici贸n firmada.

 El texto 铆ntegro de la enmienda deber谩 ser aprobado por mayor铆a absoluta en la C谩mara de origen. Aprobado el mismo, se requerir谩 igual tratamiento en la C谩mara revisora. Si en cualquiera de las C谩maras no se reuniese la mayor铆a requerida para su aprobaci贸n, se tendr谩 por rechazada la enmienda, no pudiendo volver a presentarla dentro del t茅rmino de un a帽o.

 Aprobada la enmienda por ambas C谩maras del Congreso, se remitir谩 el texto al Tribunal Superior de Justicia Electoral para que, dentro del plazo de ciento ochenta d铆as, se convoque a un refer茅ndum. Si el resultado de este es afirmativo, la enmienda quedar谩 sancionada y promulgada, incorpor谩ndose al texto institucional.

 Si la enmienda es derogatoria, no podr谩 promoverse otra sobre el mismo tema antes de tres a帽os.

 No se utilizar谩 el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elecci贸n, la composici贸n, la duraci贸n de mandatos a los atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado, o las disposiciones de los Cap铆tulos I, II, III y IV del T铆tulo II, de la Parte I.

Art铆culo 291 – DE LA POTESTAD DE LA CONVENCI脫N NACIONAL CONSTITUYENTE

 La Convenci贸n Nacional Constituyente es independiente de los poderes constituidos. Se limitar谩, durante el tiempo que duren sus deliberaciones, a sus labores de reforma, con exclusi贸n de cualquier otra tarea. No se arrogar谩 las atribuciones de los poderes del Estado, no podr谩 sustituir a quienes se hallen en ejercicio de ellos, ni acortar o ampliar su mandato.

T脥TULO V – DE LAS DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Art铆culo 1.- Esta Constituci贸n entra en vigencia desde la fecha. Su promulgaci贸n se opera de pleno derecho a la hora veinticuatro de la misma.

 El proceso de elaboraci贸n de esta Constituci贸n, su sanci贸n, su promulgaci贸n y las disposiciones que la integran, no est谩n sujetas a revisi贸n jurisdiccional, ni a modificaci贸n alguna, salvo lo dispuesto para su reforma o enmienda.

 Queda derogada la Constituci贸n del 25 de agosto de 1967 y su enmienda del a帽o 1977; sin perjuicio de lo que se dispone en el presente t铆tulo.

Art铆culo 2.- El Presidente de la Rep煤blica, el Presidente del Congreso y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, prestaran juramento o promesa de cumplir y hacer cumplir esta Constituci贸n, ante la Convenci贸n Nacional Constituyente el d铆a veinte de junio de 1992.

Art铆culo 3.- El Presidente de la Rep煤blica, los Senadores y los Diputados continuar谩n en sus funciones respectivas hasta que asuman las nuevas autoridades nacionales que ser谩n elegidas en las elecciones generales a realizarse en 1993. Sus deberes y atribuciones ser谩n los establecidos por esta Constituci贸n, tanto para el Presidente de la Rep煤blica como para el Congreso, el cual no podr谩 ser disuelto. Hasta tanto asuman los senadores y diputados que sean electos en las elecciones generales de 1993, el proceso de formaci贸n y sanci贸n de las leyes se regir谩 por lo que disponen los art铆culos 154/167 de la Constituci贸n de 1967.

Art铆culo 4.- La pr贸xima elecci贸n para designar Presidente de la Rep煤blica, Vicepresidente, Senadores y Diputados, Gobernadores y miembros de las Juntas Departamentales se realizar谩 simult谩neamente en la fecha que determine el Tribunal Electoral de la Capital, la que deber谩 ser fijada para el lapso comprendido entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1993. Estas autoridades asumir谩n sus funciones el 15 de agosto de 1993, a excepci贸n de los miembros del Congreso que lo har谩n el 1 de julio del mismo a帽o.

Art铆culo 5.- Los dem谩s magistrados y funcionarios seguir谩n en sus cargos hasta completar el periodo que hubiese determinado para cada uno de ellos la Constituci贸n de 1967 y si, llegado ese momento, todav铆a no fueran nombrados sus sucesores, continuar谩 en funciones interinamente hasta que se produzca su sustituci贸n.

 Ellos podr谩n ser reemplazados por otros funcionarios y magistrados que ser谩n designados interinamente y de acuerdo con los mecanismos establecidos por la Constituci贸n de 1967. Los funcionarios y magistrados as铆 designados durar谩n en sus cargos hasta el momento en que sean designados sus sustitutos de acuerdo con los mecanismos que determina esta Constituci贸n.

 Tambi茅n continuar谩n en funciones el Contralor General y el Subcontralor, hasta tanto se designen los funcionarios que determina el art铆culo 281 de esta Constituci贸n.

Art铆culo 6.- Hasta tanto se realicen los comicios generales, en 1993, para elegir Presidente de la Rep煤blica, Vicepresidente, Senadores, Diputados, Gobernadores y miembros de las Juntas Departamentales, seguir谩, en funci贸n los mismos organismos electorales; Junta Electoral Central, Junta Electoral Seccional y Tribunales Electorales, los que se regir谩n por el c贸digo electoral en todo aquello que no contradiga a esta Constituci贸n.

Art铆culo 7.- La designaci贸n de funcionarios y magistrados que requieran la intervenci贸n del Congreso o de cualquiera de sus C谩maras o para cargos de instituciones creadas por esta Constituci贸n o con integraci贸n diferente a la que establec铆a la de 1967, no podr谩 efectuarse sino despu茅s que asuman las autoridades nacionales que ser谩n elegidas en el a帽o 1993, con excepci贸n de lo preceptuado en el Art铆culo 9, de este t铆tulo.

Art铆culo 8.- Los Magistrados Judiciales que sean confirmados a partir de los mecanismos ordinarios establecidos en esta Constituci贸n adquieren la inmovilidad permanente a que se refiere el 2潞. p谩rrafo del Art. 252. 芦De la inmovilidad de los magistrados禄, a partir de la segunda confirmaci贸n.

Art铆culo 9.- Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ser谩n designados a propuesta de los respectivos poderes dentro de los sesenta d铆as de promulgada esta Constituci贸n. Hasta tanto se integre el Consejo de la Magistratura, los representantes que responden a ese cuerpo ser谩 cubiertos por un profesor de cada facultad de Derecho, a propuesta de sus respectivos Consejos Directivos. A este jurado se le deferir谩 el conocimiento y el juzgamiento de todas las denuncias actualmente existentes ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta que se dicte la Ley respectiva, regir谩 en lo pertinente la Ley 879/81, C贸digo de Organizaci贸n Judicial.

 La duraci贸n en sus respectivos cargos de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que sean designados en virtud de lo que dispone este Art铆culo, ser谩 fijada por ley.

Art铆culo 10.- Hasta tanto se designe Procurador General, los funcionarios actuales que se desempe帽an en el 谩rea respectiva quedan investidos de las atribuciones que determina el Art铆culo 246.

Art铆culo 11.- Hasta tanto se dicte una Ley Org谩nica Departamental, los Gobernadores y las Juntas Departamentales estar谩n integradas por un m铆nimo de siete miembros y un m谩ximo de veinti煤n miembros. El Tribunal Electoral de Asunci贸n establecer谩 el n煤mero de miembros de las Juntas Departamentales, atendiendo a la densidad electoral de los departamentos.

Art铆culo 12.- Las Sedes actuales de las Delegaciones de Gobierno, pasar谩n de pleno derecho y a t铆tulo gratuito a ser propiedad de los gobiernos departamentales.

Art铆culo 13.- Si al 1 de octubre de 1992 siguen sin estar organizados electoralmente los Departamentos de Chaco y Nueva Asunci贸n los dos Diputados que corresponden a estos Departamentos, ser谩n elegidos en los colegios electorales de los Departamentos de Presidente Hayes, Boquer贸n y Alto Paraguay, de acuerdo con el caudal electoral de estos.

Art铆culo 14.- La investidura de Senador Vitalicio alcanza al ciudadano que ejerce la Presidencia de la Rep煤blica a la fecha de sanci贸n de esta Constituci贸n, sin que beneficie a ninguno anterior.

Art铆culo 15.- Hasta tanto se re煤na una nueva Convenci贸n Nacional Constituyente, los que participaron en esta gozar谩n del trato de 芦Ciudadano Convencional禄.

Art铆culo 16.- Los bienes adquiridos por la Convenci贸n o donados a ella que forman parte de su patrimonio ser谩n transferidos a t铆tulo gratuito al Poder Legislativo.

Art铆culo 16.- Los bienes adquiridos por la Convenci贸n o donados a ella que forman parte de su patrimonio ser谩n transferidos a t铆tulo gratuito al Poder Legislativo.

Art铆culo 17.- El dep贸sito y conservaci贸n de toda la documentaci贸n producida por la Convenci贸n Nacional Constituyente tales como los diarios y las actas y de sesiones plenarias y las de comisi贸n redactora ser谩n confiados a la Banca Central del Estado, a nombre y disposici贸n del Poder Legislativo, hasta que, por Ley, se disponga su remisi贸n y guarda en el Archivo Nacional.

Art铆culo 18.- El Poder Ejecutivo dispondr谩 de inmediato la edici贸n oficial de 10.000 ejemplares de esta Constituci贸n en los idiomas castellano y guaran铆.

 En caso de duda de interpretaci贸n, se estar谩 al texto redactado en idioma castellano.

 A trav茅s del sistema educativo, se fomentar谩 el estudio de la Constituci贸n Nacional.

Art铆culo 19.- A los efectos de las limitaciones que establece esta Constituci贸n para la reelecci贸n de los cargos electivos de los diversos poderes del Estado, se computara el actual periodo inclusive.

Art铆culo 20.- El texto original de la Constituci贸n Nacional ser谩 firmado, en todas sus hojas por el Presidente y los Secretarios de la Convenci贸n Nacional Constituyente.

 El Acta final de la Convenci贸n, por la cual se aprueba y asienta el texto completo de esta Constituci贸n, ser谩 firmada por el Presidente y los Secretarios de la Convenci贸n Nacional Constituyente. La firmar谩n tambi茅n los Convencionales que deseen hacerlo de modo que se forme un solo documento cuya custodia ser谩 confiada al Poder Legislativo.

 Queda sancionada esta Constituci贸n. Dada en el recinto de deliberaciones de la Convenci贸n Nacional Constituyente a los veinte d铆as del mes de junio de mil novecientos noventa y dos, en la ciudad de la Asunci贸n, Capital de la Rep煤blica del Paraguay.

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